La ministra de Sanidad dice que los enfermos crónicos «sin papeles» serán atendidos sin que se haya establecido procedimiento para ello

A escasos tres días de que los inmigrantes «sin papeles» pierdan su derecho a la asistencia sanitaria regular, la ministra de Sanidad asegura que los enfermos crónicos seguirán siendo atendidos, pese a que desde su ministerio no se ha establecido procedimiento alguno para ello. Entre ellos están las personas afectadas por VIH/sida (Gesida calcula que entre 2.700 y 4.600 podrían quedar sin tratamiento).

En una reunión con nueve consejeros autonómicos (ocho de comunidades gobernadas por el PP más el de Cataluña) Ana Mato ha repetido las líneas maestras ya conocidas de la que será la nueva política. Solo se atenderá a los que ha llamado “asegurados” (españoles o extranjeros con tarjeta sanitaria) y, de los que quedan fuera, urgencias, embarazadas y menores. Y el que «no sea titular del derecho, es decir, el que no tenga tarjeta sanitaria», deberá abonar dicha asistencia. Por lo que se refiere a los crónicos, la ministra se ha limitado a garantizar, de forma genérica, “el seguimiento de las enfermedades crónicas para extranjeros sin cobertura asistencial ni residencia legal”, sin especificar como va a conseguir el pago de tratamientos (diálisis a enfermos con insuficiencia renal, anticancerosos, antiretrovirales para personas con VIH) a personas sin recursos o de países con los que no hay convenio establecido. Serán las comunidades las que deberán establecer sus procedimientos «de forma que se preste asistencia sanitaria a los que la necesiten sin que por ello se genere ningún derecho».

A este respecto, como hemos indicado en anteriores entradas, son varias las comunidades no gobernadas por el PP, como Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, que ya han indicado su intención de seguir procediendo como hasta ahora y prestar asistencia a los «sin papeles» que lo necesiten. Y en Galicia, gobernada por el PP, su presidente ha expresado que buscará «resquicios legales» para hacerlo.

Los departamentos de Sanidad de cuatro de las comunidades no gobernadas por el PP, de hecho, han hecho público un comunicado conjunto en el que acusan al Gobierno de «imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales» y entre otras cosas reiteran su rechazo a «todas aquellas medidas que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de la atención». El comunicado está firmado por las comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco.

Concentración de protesta

En otro orden de cosas, nos hacemos eco gustosos de la concentración de protesta que organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos han convocado este 1 de septiembre, a las 12:00 horas, en la entrada del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, como inicio de una campaña a favor de la derogación de los recientes decretos de recorte de las políticas sanitarias públicas y a favor de la sanidad universal.

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