La Proposición 8 llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos

Los contrarios al matrimonio igualitario han decidido finalmente acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos en un último intento de detener la aplicación de dos sentencias que declararon contraria a la Constitución de los Estados Unidos la Proposición 8, la enmienda constitucional de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión del Supremo cobra relevancia nacional, aunque lo más probable es que se limite, sea positiva o negativa, al ámbito territorial del estado de California.

La historia de este proceso es larga y compleja. En agosto de 2010 el juez federal Vaughn Walker declaró contraria a la Constitución de Estados Unidos la Proposición 8, la enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada en referéndum en noviembre de 2008. La sentencia (descargable aquí), cuya aplicación hubiera supuesto la reanudación de las bodas entre personas del mismo sexo en California, fue cautelarmente suspendida por la Corte de Apelaciones de San Francisco, ante la cual los grupos defensores de la Proposición 8 apelaron. Tras una disputa jurídica sobre si tenían derecho a hacerlo (el estado de California, que era la parte demandada, había decidido no apelar y dar por buena la sentencia de Walker) la Corte Suprema de California se lo permitió.

Los recurrentes habían intentado además esgrimir la condición de gay del propio Walker (juez conservador al que la demanda le correspondió por turno) con el objetivo de invalidar su sentencia. Intento de recusación que fue desestimado por otro juez federal, James Wore, al considerar que la mera condición homosexual no invalida a un juez para decidir sobre derechos LGTB.

Finalmente, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de San Francisco al que correspondía examinar el recurso se pronunció y ratificó la inconstitucionalidad de la Proposición 8. Los contrarios al matrimonio igualitario intentaron que la Corte reexaminara el caso con una composición más amplia (once jueces), pero la solicitud fue rechazada en junio. A los contrarios al matrimonio igualitario ya solo les quedaba una salida: recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, tal y como han hecho.

¿Qué puede suceder?

Un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo contrario al matrimonio igualitario tendría un efecto devastador de alcance nacional. La mayoría de los analistas, sin embargo, apuesta porque el Supremo se limite a valorar una cuestión formal: si efectivamente puede considerarse inconstitucional que un estado retire a una minoría un derecho fundamental que ese mismo estado le había reconocido previamente sin que medie una razón legítima para ello (recordemos que durante varios meses gays y lesbianas sí pudieron casarse en California, derecho que les fue reconocido por la Corte Suprema del estado, y de hecho a día de hoy hay 18.000 parejas casadas cuyo matrimonio sigue siendo válido). Ello restringiría los efectos de la sentencia al estado de California, lo que permitiría, por ejemplo, que el Tribunal Supremo ratificase la sentencia de Walker, de forma que el matrimonio entre personas del mismo sexo volviera a ser posible en California, sin que ello supusiera un pronunciamiento de fondo sobre el matrimonio igualitario que afectara a otros estados que no lo permiten.

Es más, el Tribunal Supremo puede optar por no aceptar ni siquiera a trámite el recurso, al considerar que los tribunales federales de menor rango ya han dejado el asunto suficientemente claro. En ese caso las bodas entre personas del mismo sexo se reanudarían de forma inmediata. La decisión, en cualquier caso, tardará varias semanas.

Y en Connecticut, otra jueza federal falla en contra de la DOMA

Sin movernos de los tribunales, una buena noticia: la jueza federal de Connecticut Vanessa Bryant (nominada en su día por George W. Bush) ha fallado que la seccción 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la ley que prohíbe a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, es inconstitucional.

En una sentencia de más de 100 páginas, la jueza Bryant se suma a los cada vez más numerosos pronunciamientos judiciales contrarios a la DOMA. El último que recogimos fue el emitido en junio por la jueza federal de Nueva York Barbara Jones, que consideraba que las limitaciones que la DOMA impone a la definición de matrimonio invaden la competencia de los estados para regular las relaciones domésticas. Días antes, una Corte Federal de Apelaciones de Boston (Massachusetts) reafirmaba otra de las sentencias de inconstitucionalidad contra esta ley, mientras que otra jueza federal de California, Claudia Wilken, consideraba inconstitucional parte su articulado.

Lo cierto es que conforme pasa el tiempo se acumulan cada vez más sentencias desfavorables a la constitucionalidad de esta ley. Y es que la discriminación que supone la DOMA resulta tan indiscutible que el propio Gobierno de Estados Unidos decidió hace ya más de un año que dejaría de defender la ley en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (hace unos meses tomaba la misma decisión por lo que al ámbito militar se refiere). El Departamento de Justicia llegó incluso a admitir ante un tribunal federal de San Francisco que la DOMA viola la Constitución de Estados Unidos al establecer la discriminación de unos ciudadanos sobre otros en función de su orientación sexual.

Por lo que se refiere al proceso de derogación legislativa de la DOMA, este ha sido ya iniciado, pero parece imposible que llegue a buen término mientras los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes. Es muy probable que también el Supremo tenga que acabar pronunciándose sobre la materia.