El Defensor del Pueblo de Andalucía se suma a la petición de una ley integral de transexualidad

El Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, ha dado su apoyo a la aprobación de una ley integral de transexualidad en esa comunidad. Chamizo y la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé, se refirieron a los datos del estudio Transexualidad en España: análisis de la realidad social y factores psicosociales asociados, que ya hemos mencionado en anteriores entradas, y que pone de manifiesto la necesidad de planes de acción específica contra la discriminación de las personas transexuales.

Entre otros datos de interés, el estudio, llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga a petición de la FELGTB (puedes descargarlo pinchando aquí) refleja que casi uno de cada dos encuestados ha ejercido en algún momento el trabajo sexual. Chamizo ha apuntado que sin embargo el índice de inserción laboral de estas personas es alto si encuentran otro camino. «El 90 por ciento de transexuales que ejercen la prostitución si tuviera opción de conseguir trabajos sin cualificación la dejarían», ha explicado Mar Cambrollé. El estudio refleja también que la media de edad a la que se es consciente de la propia transexualidad se sitúa en 10’8 años, mientras que la comunicación a otra persona se produce en torno a los 18 años.

Por lo que se refiere a los diversos tratamientos realizados para adecuar el aspecto físico a la identidad propia, la mayoría de las personas encuestadas se han sometido a tratamiento hormonal, mientras que solo el 15% reconoce haberse sometido a cirugía de reasignación de sexo. Entre ambos extremos se sitúan otras intervenciones de tipo quirúrgico. Respecto a las principales vías de apoyo, el ámbito familiar es la principal fuente de ayuda económica, mientras el apoyo emocional proviene sobre todo de las amistades. Sin embargo, existe un gran nivel de insatisfacción derivado, entre otras razones, de sus problemas de visibilidad en el ámbito laboral, educativo, familiar y sanitario.

Es por todo ello que desde ATA se pide a las administraciones, a la Junta de Andalucía y a los partidos políticos un marco jurídico que garantice la no discriminación y los derechos colectivos en una ley integral de transexualidad, «que ya pedimos en 2009 y que terminó en una Proposición No de Ley presentada en el Parlamento por el PSOE», que finalmente quedó en vía muerta. Sin embargo, el proyecto forma ahora parte del acuerdo de gobierno firmado en Andalucía entre PSOE e IU. Mar Cambrollé, a este respecto, ha pedido que la ley «no se dilate más en el tiempo». Leyes similares, recordemos, han sido ya aprobadas en Navarra y Euskadi.

Una petición que cuenta con el apoyo del Defensor del Pueblo andaluz, que ha recordado que históricamente ha recibido muchas denuncias de personas por problemas de reasignación de sexo, pero también por expulsiones en el trabajo, palizas o desprecios, en definitiva, por situaciones de marginación y discriminación.