Los especialistas en VIH advierten que la infección se disparará si los inmigrantes irregulares quedan sin tratamiento

Los médicos especialistas de Gesida (Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) vuelven a advertir al Gobierno de las consecuencias de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares que viven con el VIH, como ya hicieran tras anunciarse la medida. Gesida estima que, de quedar sin tratamiento, habrá un aumento de hasta un 20% de nuevos casos y entre 27 y 50 muertes solo en el primer año.

Gesida ha tenido en cuenta para sus cálculos los datos de prevalencia de la infección por VIH en España y las cifras del padrón. De acuerdo a esas cifras, podrían haber actualmente en España entre 4.000 y 4.600 inmigrantes irregulares con VIH, de los cuales entre 1.800 y 3.220 estarían diagnosticados y en tratamiento. Si este se les retira, según ha explicado Federico Pulido, especialista de Hospital 12 de Octubre de Madrid, «la enfermedad es mortal en un plazo medio». Solo durante el primer año de la retirada de la tarjeta sanitaria se podrían registrar entre 27 y 50 fallecimientos, haciendo los cálculos a la baja y «sin querer generar alarmismos». Además aumentarían las complicaciones en los supervivientes, que volverían a la terrible situación que vivieron los infectados por VIH en los años 80 y 90, antes de que las terapias combinadas de antirretrovirales cambiaran el perfil de la infección.

El estudio también constata que se puede producir un aumento de las infecciones de entre un 10 y un 20% cada año, entre 324 y 580 nuevos casos, que afectarían no solo al colectivo de inmigrantes irregulares. «El virus no entiende de raza ni fronteras», según José Pérez Molina, especialista del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también autor del estudio.

Los especialistas en VIH/sida explican además que el ahorro que se pretende conseguir con esta medida no será tal a la larga. El ahorro directo que se conseguiría al dejar de atender a estos pacientes oscila entre 12 y 21 millones de euros al año, mientras que los ingresos hospitalarios por complicaciones y los fallecimientos costarían al sistema entre 6’5 y 11’7 millones de euros. Ello durante el primer año, durante el cual efectivamente seguiría habiendo ahorro, aunque menor del estimado. El problema es que el aumento de complicaciones y nuevas infecciones sería progresivo, de forma que «en tres años no habrá ya ahorro y solo generará más costes», según explica el doctor Pulido.

Los especialistas han querido de todas formas mostrarse cautos ya que, aunque la nueva norma entró en vigor el pasado 1 de septiembre, por el momento parece que estos pacientes siguen siendo atendidos, existiendo eso sí un gan desconocimiento entre los propios médicos de qué va a suceder con ellos. La ministra de Sanidad ha prometido seguir atendiéndolos, aunque sin precisar cómo. En realidad cada comunidad autónoma deberá encontrar la forma de hacerlo. «Lo único seguro es el Real Decreto que está publicado en el BOE», se ha lamentado el secretario de Gesida, Juan Berenguer, especialistas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.