Costa Rica: el proyecto de «sociedades de convivencia» vuelve a la arena parlamentaria

Tras años de discusiones, propuestas y demoras, el Gobierno de Laura Chinchilla ha enviado el proyecto de ley de «sociedades de convivencia» para su consideración durante el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (que se prolonga desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril). Los contrarios a la iniciativa, sin embargo, mueven sus fichas para impedir su aprobación.

La postura de Laura Chinchilla, presentada por ejemplo en el diario El País como un avance significativo, no deja de ser ambigua, ya que no implica que los diputados de su partido, Liberación Nacional (el grupo más numeroso de la Asamblea) se comprometan a apoyar el proyecto. «El poder ejecutivo cumplió con su compromiso de convocar el proyecto conocido como sociedades de convivencia al periodo de sesiones extraordinarias», ha expresado por un lado el Gobierno de Chinchilla, para añadir después que «respetaremos la posición de cada diputado y diputada en este tema”. Lo cierto es que si finalmente se llega a votar nadie sabe lo que puede suceder. Por lo pronto, quien está ejerciendo una fuerte oposición al proyecto es la iglesia católica de Costa Rica, según la cual el proyecto «deforma la percepción de los valores morales fundamentales y menoscaba la institución matrimonial, como tal”. Conviene tener en cuenta, en este punto, que el proyecto propuesto regula cuestiones patrimoniales, pero no supone en modo alguno la equiparación con los matrimonios heterosexuales.

El proyecto de «sociedades de convivencia» cuenta con el teórico aval del Gobierno costarricense desde hace meses. “Hemos manifestado que lo más pertinente es apoyar el proyecto”, declaraba en agosto el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, tras una reunión con representantes del colectivo LGTB. Benavides ya afirmó entonces que el Gobierno de Laura Chinchilla cree en el reconocimiento de distintos derechos patrimoniales y civiles de las parejas del mismo sexo.

Un proceso largamente demorado

Como informamos en  junio, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Costa Rica rechazaba entonces un proyecto de ley muy similar. La oposición estuvo liderada por Justo Orozco, elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos pese a tratarse de un pastor evangélico conocido por sus declaraciones profundamente homófobas. Si bien la oposición de la Comisión, que despertó protestas tanto de colectivos LGTB como de la propia Defensora de los Habitantes de Costa Rica, no impedía que el proyecto pudiera seguir adelante, sí supuso un serio contratiempo que consiguió retrasar la discusión.

Ahora, por fin, el proyecto está en sede parlamentaria, pero los diputados opuestos maniobran día tras otro para impedir su discusión mediante artimañas procedimentales. La última noticia que nos llegaba antes de cerrar esta entrada, con fecha de 18 de diciembre, era que los diputados habrían rechazado una vez más entrar a discutirlo.

La situación de los derechos LGTB en Costa Rica

Costa Rica, quizá el más avanzado socialmente de los países de América Central, parecía vivir en los últimos tiempos una involución conservadora por lo que a los derechos LGTB se refiere. Fue, por ejemplo, uno de los estados que en su momento se negó a suscribir en Naciones Unidas una declaración a favor de la despenalización universal de la homosexualidad. La llegada al poder de Laura Chinchilla en mayo de 2010 tampoco fue una buena noticia: la presidenta dejó claro tras ser elegida que los derechos LGTGB no serían una prioridad. Chinchilla reafirmó entonces su postura contraria a las uniones entre personas del mismo sexo tras reunirse con dos diputados que representaban a la comunidad evangélica, uno de ellos Justo Orozco.

Los sectores conservadores de Costa Rica, de hecho, se movilizaron muy activamente para celebrar un referéndum contra un primer proyecto de ley de sociedades de convivencia, cuya organización la Sala Constitucional anuló finalmente en agosto de 2010. Un proyecto que llevaba años sobre la mesa y que finalmente quedó en vía muerta.

Veremos que sucede ahora, una vez que Laura Chinchilla parece convencida, al menos sobre el papel, de la necesidad de regular la cuestión.