El ministro de Educación francés recuerda a los colegios católicos su obligación de luchar contra la homofobia

Tras el envío por parte de la Secretaría General de la Educación Católica francesa de una circular en la que invitaba a los directores de los centros concertados católicos a plantear en las escuelas el debate sobre el matrimonio igualitario, el ministro de Educación ha recordado a los responsables escolares su obligación de luchar contra la homofobia en los centros de enseñanza. El presidente de la República, François Hollande, ha apoyado la intevención del ministro.

La Secretaría General para la Educación Católica es una organización cuyo objetivo es coordinar los planes administrativos y pastorales para promover la enseñanza católica. El responsable es nombrado por la Conferencia Episcopal Francesa, órgano de la que depende. El pasado mes de diciembre, su secretario general, Eric Labarre, remitió una circular a los responsables de los 8300 centros católicos franceses de enseñanza concertada, que dan servicio a dos millones de estudiantes, aproximadamente un quinto de la población escolar. En ella les invita a tomar la iniciativa y abrir en las escuelas el debate sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario, en trámite en estos momentos en el vecino país. Como preámbulo, argumenta a los directores de los centros que “todas las opciones individuales no tienen por qué ser institucionalizadas, a riesgo de socavar referencias sociales tan fundamentales como el matrimonio entre un hombre y una mujer, o la familia, la unidad básica donde la responsabilidad educativa es ejercida por un padre y una madre”. Por ello, según Labarre, el debate que les sugiere iniciar debería estar “suscitado por la búsqueda del bien común y vigilante de toda simplificación excesiva”.

La circular fue acogida con preocupación por defensores del proyecto de ley como la Inter-LGTB (la principal federación francesa de asociaciones LGTB). En un comunicado fechado el 29 de diciembre, acusaban a la Secretaría General para la Educación Católica de convocar a los directores de sus centros a debatir “un asunto sobre el que ya dan, a manera de introducción, sus conclusiones definitivas”. También preguntaban al ministro de Educación por las medidas que iba a tomar al respecto, al considerar que la circular vulnera el principio de igualdad «que debe regir tanto la enseñanza privada como la pública”. Por último, expresaban su preocupación por la estigmatización de la que podrían ser víctimas los adolescentes que descubren su homosexualidad o los niños que viven en familias homoparentales matriculados en alguno de esos centros, recordando que los adolescentes LGTB tienen un riesgo de tentativa de suicidio trece veces superior a la media.

Reacción del Ministerio de Educación

La respuesta de Vincent Peillon, ministro de Educación, llegó el pasado 4 de enero a través de otra circular remitida a los directores de los centros católicos. En ella les exhorta a que “vigilen que el debate en que se ve inmersa en estos momentos la sociedad francesa no se traduzca en los centros escolares en fenómenos de rechazo y estigmatización homófobos”. También les recuerda que “la lucha contra la homofobia en los centros escolares públicos y privados debe contar entre sus prioridades”, puesto que “el carácter propio de estos centros no les exime del respeto debido a los individuos y sus convicciones”.

En declaraciones a Le Monde, el ministro estima además que “no es oportuno llevar el debate sobre el matrimonio igualitario a los colegios” y que “dirigiendo una carta a los directores de los centros, el secretario general para la enseñanza católica ha incurrido en una falta”, puesto que ”esta enseñanza, que está concertada con el estado, debe respetar los principios de neutralidad y libertad de conciencia, de los que el estado es garante”.

Apoyo del presidente de la República

En declaraciones efectuadas a los medios durante una visita a las regiones del norte de Francia, el presidente de la República, François Hollande, ha expresado su apoyo al ministro de Educación, arguyendo que «la laicidad es un valor republicano. Tenemos que asegurarnos de que todas las formas de pensar son respetadas y velar por que todas las religiones puedan practicarse. Pero también tenemos que respetar la convivencia, y tanto el estado como las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, están sometidos a un principio llamado neutralidad.»