El secretario del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba impide que se discuta la reprobación del obispo por su pastoral tránsfoba

Un dictamen firmado por el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba impedirá que este pueda discutir la reprobación del obispo Demetrio Fernández por el contenido de una reciente pastoral, en la que este cargaba contra la que denominaba “ideología de género”, las personas transexuales, el “feminismo radical” o los modelos familiares distintos al tradicional. Según el funcionario, dicha reprobación es «inconstitucional».

«Si quiere ser varón, puede serlo, aunque haya nacido mujer. Y si quiere ser mujer puede serlo, aunque haya nacido varón. No se nace, se hace. Al servicio de esta ideología existen una serie de programas formativos, médicos, escolares, etc. que tratan de hacer ‘tragar’ esta ideología a todo el mundo, haciendo un daño tremendo en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes”. Es solo un fragmento de la carta de Fernández, cuya reprobación, propuesta por el portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba Francisco Tejada, ha sido vetada por Valeriano Lavela, que desde su puesto de secretario general del Pleno considera que «podrían vulnerarse derechos fundamentales de la Constitución Española que indudablemente tiene el señor Demetrio Fernández, como también lo tienen el resto de ciudadanos españoles, tales como el de la libertad de expresión, así como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”.

Lavela considera que “el señor obispo tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a que se le respeten sus derechos a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, siendo su cargo y autoridad de naturaleza exclusivamente religiosa y no política». El funcionario municipal no considera por ello procedente «que se le someta desde el Pleno (…) a una crítica o reprobación pública injustificada por el sólo hecho de haber realizado unas determinadas manifestaciones o expresiones en el ámbito de su condición de miembro de la Iglesia”.

El secretario cree que admitir la moción sería tanto como que a partir de ahora “cualquier ciudadano/a, independientemente de su oficio, creencias, situación económica, profesional o estatus podría ser sometido a una determinada crítica, escarnio y/o reprobación pública con motivo de haber realizado cualquier tipo de expresión, manifestación u opinión dentro del legítimo derecho de la libertad de expresión que todos tenemos garantizado constitucionalmente”.