El Tribunal Supremo de Estados Unidos comienza la cuenta atrás para decidir sobre el matrimonio igualitario

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha fijado ya las fechas en las que escuchará los argumentos de las partes en dos casos que afectan de lleno al derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en ese país. Serán los días 26 y 27 de marzo. Se inicia así la cuenta atrás para dos sentencias que marcarán un antes y un después en la historia de la lucha a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Uno marcará el destino de la Proposición 8, la polémica enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio igualitario. Otro se referirá a la sección de la DOMA (Defense of Marriage Act) que impide a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.

La Proposición 8, en el alero

La prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio en California (Proposición 8, aprobada en referéndum hace ya más de cuatro años) ha sido ya declarada inconstitucional por la justicia federal. Los contrarios al matrimonio igualitario, sin embargo, recurrieron al Supremo. El alto tribunal, una vez aceptada la apelación, podría entrar a discutir el fondo del asunto: si prohibir el matrimonio a personas del mismo sexo atenta o no contra la Constitución de Estados Unidos. La decisión tendría, en ese caso, efectos sobre todo el país, sea en un sentido (extender el matrimonio igualitario a todo Estados Unidos) o en otro (consolidar la situación actual, en la que cada estado tiene libertad de decisión).

El Supremo podría limitarse a valorar una cuestión más formal: si es o no constitucional que un estado retire a una minoría un derecho fundamental que ese mismo estado le había reconocido previamente sin que medie una razón legítima para ello (durante varios meses gays y lesbianas sí pudieron casarse en California, derecho que les fue reconocido por la Corte Suprema del estado, y de hecho hay 18.000 parejas casadas cuyo matrimonio sigue siendo válido). En ese caso, los efectos de la sentencia (en un sentido o en otro) quedarían limitados al estado de California.

DOMA: el caso de Edie Windsor

Por lo que se refiere a la DOMA, también declarada inconstitucional en varios de sus aspectos por diferentes tribunales federales, el Supremo ha decidido revisar la sentencia más reciente, dictada en octubre. Una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York fallaba entonces que existe argumento constitucional que justifique tratar diferentemente a Edie Windsor, una anciana que a la muerte de su esposa no pudo acogerse a una serie de beneficios fiscales para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violaba las garantías de igualdad de protección contenidas en la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que en octubre confirmó la Corte de Apelaciones.

Se trata de la segunda sentencia en el mismo sentido dictada a este nivel, ya que antes del verano fue una Corte Federal de Apelaciones de Boston la que reafirmó otra sentencia de inconstitucionalidad contra la DOMA dictada en Massachusetts. Son las dos sentencias más importantes, pero no son las únicas: se han producido ya otras a un nivel inferior. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York sobre el caso de Edie Windsor es sin embargo la de mayor calado jurídico, ya que apela al denominado “heightened/strict scrutiny“, término propio del sistema constitucional estadounidense: no se basa solo en un mero argumento racional, sino en un análisis detallado del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno federal y los principios constitucionales. Según los jueces ello queda justificado por el hecho de que las personas homosexuales son una minoría históricamente perseguida y discriminada.

La discriminación que supone la DOMA resulta tan indiscutible que el propio Gobierno de Estados Unidos decidió a principios de 2011 dejar de defender la ley en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (luego tomó la misma decisión en el ámbito militar). El Departamento de Justicia llegó a admitir ante un tribunal federal que la DOMA viola la Constitución. Una decisión que no gustó nada a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que decidió ejercer el papel de defensor de la DOMA ante los tribunales. De hecho la Cámara lleva gastados ya casi millón y medio de dólares en ello, un gasto denunciado por los demócratas.