Obama, al Supremo: es inconstitucional prohibir a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo

Importantísimo posicionamiento de la administración Obama, que en un informe jurídico presentado al Tribunal Supremo de Estados Unidos pide la declaración de inconstitucionalidad de la DOMA (Defense of Marriage Act), en concreto de su sección 3, que impide a la administración federal el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

«La sección 3 de la DOMA viola la garantía constitucional fundamental de igualdad de protección. La ley niega a decenas de miles de parejas del mismo sexo que están legalmente casadas bajo las leyes de sus estados toda una batería de importantes beneficios federales disponibles para las parejas de distinto sexo legalmente casadas. Dado que no es imposible justificar que esta discriminación sea de interés relevante para el Gobierno, la sección 3 es inconstitucional», afirma el informe, obra de Donald Verrilli, procurador general de Estados Unidos (encargado de argumentar en nombre del Gobierno ante el Supremo cuando este es parte de un caso). La argumentación del Gobierno apela así al denominado «heightened/strict scrutiny», término propio del sistema constitucional estadounidense: no se basa solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno federal (que podrían justificar la vigencia de una disposición discriminatoria) y los principios constitucionales.

El informe del abogado del Gobierno alude también uno de los argumentos esgrimidos por la Cámara de Representantes, bajo control republicano, personada en el proceso a favor de la DOMA, y que hace un llamamiento a dejar al «proceso democrático» seguir su curso. «Esta aproximación debe ser adoptada en muchas circunstancias. Sin embargo, este es uno de esos casos en los que la deferencia hacia el proceso democrático debe someterse al mandato constitucional fundamental de igual tratamiento bajo la ley. La sección 3 de la DOMA hace a las muchas personas gays y lesbianas legalmente casadas bajo la legislación de sus estados objeto de una dura discriminación que no se corresponde con su potencial beneficio. Está suficientemente probado que esta discriminación no aporta ningún avance sustancial en la protección del matrimonio o de cualquier otro interés importante. La normativa es simplemente incompatible con la garantia de igualdad de protección que otorga la Quinta Enmienda. La Constitución, en consecuencia, requiere la invalidación de la sección 3″, explica el informe.

El caso de Edie Windsor

El Tribunal Supremo, recordemos, debe pronunciarse sobre el caso de Edie Windsor, una anciana que a la muerte de su esposa no pudo acogerse a una serie de beneficios fiscales para los matrimonios en materia de herencia, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Edie Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Un tribunal federal le dio la razón en primera instancia, fallo que confirmó en octubre de 2012 una Corte Federal de Apelaciones de Nueva York, estableciendo que no existe argumento constitucional que justifique tratarla diferentemente.

Se trata de la segunda sentencia en el mismo sentido dictada a este nivel, ya que antes del verano fue una Corte Federal de Apelaciones de Boston la que reafirmó otra sentencia de inconstitucionalidad contra la DOMA, dictada en este caso en Massachusetts. Son las dos sentencias más importantes, pero no son las únicas: se han producido ya otras a un nivel inferior. La sentencia sobre el caso de Edie Windsor es sin embargo la de mayor calado jurídico, al apelar al ya mencionado “heightened scrutiny». Según los jueces ello quedaba justificado por el hecho de que las personas homosexuales son una minoría históricamente perseguida y discriminada. Será ahora el Supremo el que decidirá si apoya la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York, en cuyo caso la sección 3 de la DOMA quedará invalidada.

La discriminación que esta norma resulta tan indiscutible que el propio Gobierno de Estados Unidos decidió ya a principios de 2011 dejar de defenderla en los tribunales civiles cuando se planteasen demandas (luego tomó la misma decisión en el ámbito militar). Ya el Departamento de Justicia, de hecho, había admitido ante un tribunal federal de San Francisco que la DOMA viola la Constitución. Una decisión que no gustó nada a la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que decidió ejercer el papel de defensor de la ley ante los tribunales. De hecho la Cámara lleva gastados ya casi millón y medio de dólares en ello, un gasto denunciado por los demócratas.

El proceso de derogación legislativa de la DOMA (el «proceso democrático», si atendemos a los argumentos presentados ante el Supremo) se inició el año pasado, pero resulta imposible que llegue a buen término mientras los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes (que renovaron el 6 de noviembre, aunque con una mayoría menos holgada).

¿Se pronunciará Obama ante el Supremo sobre la Proposición 8?

La administración Obama no se ha posicionado ante el Supremo por lo que al otro gran caso relacionado con el matrimonio igualitario se trata, el de la Proposición 8, la polémica enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado, declarada también inconstitucional por la justicia federal.

Conviene aclarar que en este caso la administración federal no es parte implicada, por lo que no está obligada a hacerlo. Sí que tiene capacidad, si así lo desea, para presentarse como amicus curiae y ofrecer su opinión. Muchos esperan que así lo haga, reforzando aún más la posición de Obama a favor de los derechos LGTB. El plazo no concluye hasta el 28 de febrero.