¡Ahora, la Igualdad Trans!

Dos años después de la muerte del dictador, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) convoca, el 26 de noviembre de 1977, la primera manifestación del “Orgullo” del Estado Español, con unas demandas claras y ajustadas al momento social y político: “¡Mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la gana!”, “¡Amnistía sexual!” y “¡No somos peligrosos!”. Hacían referencia a la abolición de la ley de peligrosidad social, a la amnistía para los presos por su orientación e identidad sexual y reivindicaban el derecho a la libre utilización del propio cuerpo.

Las cárceles de Huelva y Badajoz vieron pasar por sus instalaciones a cerca de 5.000 presos, la mayoría de ellos personas trans, que por su realidad identitaria fueron las más visibles y por tanto objeto de la represión más brutal. La identidad sexual en aquellos tiempos era negada. Eran los travestís o los “maricones” más afeminados, una discriminación que se encargó de invisibilizar la realidad de las mujeres transexuales.

Tras las elecciones de 1977, en concreto el 15 de octubre de 1977, se aprueba la amnistía para los presos políticos. Pero la ley de peligrosidad social siguió en vigor, aunque sin aplicación de facto para los homosexuales. No fue hasta enero de 1979 que se eliminaron varios ar­tículos, entre ellos el referente a los «actos de homosexualidad». La lucha de los colectivos homosexuales se centró enton­ces en conseguir la modificación de la ley sobre el escán­dalo público, conseguida en 1983 (no se derogó hasta 1989). La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.

El Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa que le otorgaba el articulo 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el pleno aprobó una moción redactada por todos los grupos parlamentarios y la Mesa por la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución. Un proceso que culminó en diciembre de 1978. Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada el 27 de diciembre de 1978. El Boletín Oficial del Estado publicaba la Constitución el 29 de diciembre de 1978.

Después de más de treinta años de lucha de los colectivos LGTB, con el apoyo de las fuerzas políticas de progreso y un gran apoyo social, España dio un gran paso hacia la IGUALDAD. A propuesta del PSOE, con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas y con la excepción destacada del Partido Popular, se aprueba en julio de 2005 una ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción conjunta de menores. Mientras que los partidarios de la medida estimaban que la verdadera igualdad solo se consigue si se equiparaban todas las parejas en una misma figura jurídica, la del matrimonio, sus oponentes opinan que el término «matrimonio» debería reservarse a la unión de un hombre y una mujer. La iglesia católica en particular se opuso con fuerza a esta ley, considerándola un ataque a la institución del matrimonio. Otras asociaciones también expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que las personas homosexuales pudieran adoptar menores.

Pero el compromiso con la IGUALDAD desplegó un gran debate social y apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, al que se sumaron y del que hicieron su bandera partidos políticos, movimientos sociales, académicos, artistas y representantes de la cultura. Tras siete años de incertidumbre por el recurso presentado por el Partido Popular, en noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional avalaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y consideraba que el interés del menor queda salvaguardado, afirmando que «no existe certeza que permita afirmar actualmente que estas condiciones» de idoneidad «no puedan ser proporcionadas por una pareja homosexual».

Tras todo este tiempo de lucha las personas transexuales aún tenemos unas demandas de derechos que nos acerquen a la IGUALDAD. Son pocos los avances que se han producido para equiparar a la comunidad transexual con el resto de la ciudadanía. Ciertamente, en los últimos años se han producido avances en la reivindicación de la despatologización de la transexualidad. En una doble vertiente. De una parte, se ha buscado la desclasificación del trastorno de los manuales de enfermedades. De otra, se ha solicitado que las personas transexuales sean reconocidas como protagonistas y sujetos activos en los tratamientos médicos que puedan requerir, ostentando capacidad y legitimidad para decidir por sí mismas, con autonomía y responsabilidad sobre sus propios cuerpos.

Junto a estas reivindicaciones y en relación a la identidad de género, en los últimos años ha emergido, asimismo, una novedosa perspectiva socio-jurídica que reconoce la libre expresión del género de las personas como un derecho humano fundamental. Este prisma se ha materializado en diversos documentos e informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los Principios de Yogyakarta y el Informe “Derechos Humanos e Identidad de Género” de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicado en julio de 2009. En dichos escritos se afirma que “seguir considerando las identidades transexuales como enfermedades mentales u orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las personas”.

Incluso en aquellas sociedades más avanzadas en la aceptación y reconocimiento de la transexualidad, el colectivo de personas transexuales padece fuertes grados de rechazo social, dificultades para la inserción en el mercado laboral, en el acceso a la vivienda, a la asistencia sanitaria, en el ejercicio de sus derechos familiares, sexuales y reproductivos, que convierten a este colectivo en uno de los más desfavorecidos de la sociedad.

Ahora, por la Igualdad Trans. Es necesaria una Ley Integral de Transexualidad que garantice la no discriminación por motivos de identidad de género y los derechos de la personas transexuales, menores incluidos. En esta tarea debemos estar todos, las fuerzas políticas de progreso, movimiento social, lesbianas, gays, bisexuales y ciudadanía en general, sumando a esta lucha por la equiparación de derechos en todos los ámbitos a las personas transexuales.

• En la sanidad: Por una atención igualitaria de acceso a la sanidad pública, donde prevalezca la libre expresión del género como un derecho humano fundamental e inalienable, despatologizando los protocolos de atención que quebrantan los derechos constitucionales de las personas transexuales. La inclusión de los menores debe estar basada en la experiencia práctica y recomendada de los países que atienden a menores transexuales (Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia o Francia) y en las leyes y tratados que protegen a los menores. Son una realidad, existen y viven como niñas o niños. No atenderlos por prejuicio, ignorancia o miedo a las voces mas conservadoras es empujarlos al “armario”, es incrementar el sufrimiento y la angustia de ellos y de sus familias. Hemos sido valientes en afrontar del debate social si las parejas del mismo sexo deberían a adoptar o no a menores, defendiendo el interés del menor contra las afirmaciones más ultraconservadoras de quienes están en contra de la IGUALDAD y de los derechos humanos. Ahora es el momento de los menores transexuales.
• En el empleo: Con políticas activas y de discriminación positiva, que posibiliten el acceso al mercado laboral de personas que son discriminadas por su identidad, con especial mención a las mujeres.
• En la educación: Consideramos necesario y fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual, sin complejos y desde los primeros años de la enseñanza. Actualmente nos encontramos con un sistema educativo que padece graves déficits, entre ellos destacamos que las y los profesionales de la educación no cuentan con recursos o herramientas que ayuden a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia derivados de la diversidad afectivo-sexual, y son alarmante las verdaderas situaciones de violencia que sufren los y las adolescentes transexuales por el mero hecho de su identidad sexual. La Consejería de Educación debe velar para que los estudiantes, personal y docentes presentes en los centros educativos de Andalucía tengan el derecho a ver su identidad de género y su nombre elegido reflejados en la documentación administrativa de sus centros, en especial aquella de exposición pública como listados de alumnos, calificaciones o censos para elecciones sindicales, con independencia de su situación en el Registro Civil.

Por el derecho a todos los derechos, de niñas, niños, mujeres y hombres transexuales,

¡Ley Integral de Transexualidad, YA!

Mar Cambrollé
presidenta de ATA (Asociación de Transexuales de Andalucía)