Se diluye la esperanza de que Congreso de Colombia apruebe el matrimonio igualitario

Malas noticias las que nos llegan desde Colombia, donde cada vez parece más claro que sus legisladores cederán a la presión de los sectores religiosos y no aprobarán el matrimonio entre personas del mismo sexo. A este respecto resulta significativo el posicionamiento del presidente del Senado, Roy Barreras, que inicialmente se había mostrado partidario de un debate abierto sobre la materia pero que finalmente se ha pronunciado en contra. El diario El Espectador, de hecho, ha desvelado estos días que Barreras firmó en 2010 un compromiso con el pastor evangélico Jhon Milton Rodríguez, por el que a cambio de apoyo electoral se comprometía a no votar a favor del aborto, el matrimonio igualitario o la adopción homoparental. Todo apunta a que la lucha volverá de nuevo a los tribunales.

En lugar del matrimonio igualitario, Roy Barreras prefiere la aprobación de una institución jurídica específica, denominada «unión solemne», que otorgue a las parejas del mismo sexo derechos civiles y patrimoniales pero sin acceso al matrimonio ni a la adopción, y con la que el Congreso pretendería dar respuesta a la demanda de la Corte Constitucional de Colombia que se encuentra en el origen de todo el proceso. Fue en su  sentencia de julio de 2011 cuando la alta corte colombiana estableció el derecho de las parejas del mismo sexo a “conformar una familia” en igualdad de condiciones a las parejas heterosexuales. La Corte dio entonces un plazo de dos años para legislar el reconocimiento jurídico de las uniones del mismo sexo con exactamente los mismos derechos, un plazo que vence el próximo 20 de junio. Si entonces no se ha legislado las parejas del mismo sexo podrán acudir a un notario para legalizar su unión. Barreras, pese a la divulgación de su acuerdo con el pastor evangélico, sigue por cierto presentándose como garante de los derechos LGTB. «Hoy volvería a firmar esa proclama, pero eso no significa que el radicalismo y el fanatismo pretendan obligarme a votar en contra de la comunidad LGBTI”, ha declarado.

En Colombia ha sido la Corte Constitucional y no los legisladores la que a lo largo de los últimos años ha promovido el avance de la igualdad LGTB, reconociendo derechos como el de visita conyugal en las cárceles (2003), unión marital de hecho (2007), acceso a la pensión de sobreviviente (2008), o los recientes reconocimientos de la equiparación total en materia de herencia y del derecho a la pensión de sobreviviente para parejas anteriores a 2008, por nombrar algunos de los más destacados. Pero fue la sentencia de 2011 la que finalmente provocó, como hemos venido informando estos meses, que se presentaran ante el Congreso cuatro proyectos distintos para darle respuesta. Para su discusión en el Senado se acumularon los cuatro proyectos, dos de ellos de unión civil y dos de matrimonio, pero finalmente se optó por discutir la solución más acorde con la exigencia de estricta igualdad de la Corte: la modificación del Código Civil reconociendo el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, una propuesta articulada por el senador Armando Benedetti, del Partido de la U (el partido del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, del que también forma parte Roy Barreras). Ello ha desencadenado una virulenta reacción de los sectores más conservadores, encabezados por el procurador general Alejandro Ordoñez, un personaje fuertemente homófobo alrededor del cual se ha articulado un bloque de legisladores que si bien representan a distintos partidos están muy vinculados a la iglesia católica y a grupos evangélicos.

La reacción ha sido tal que el proyecto de matrimonio igualitario, que ya recibió un primer visto bueno en una comisión del Senado en diciembre, y que en principio debería sea debatido en plenario este miércoles 17, parece definitivamente naufragado después de que auspiciados por Roy Barreras legisladores del Partido de la U y del Partido Conservador estén decididos a promover la mencionada «unión solemne». Así lo ha reconocido Armando Benedetti, que cree que el Senado no va a admitir su proyecto y que finalmente deberá ser la propia Corte Constitucional la encargada de decidir sobre la materia. También los activistas LGTB dan por perdida la batalla. «Quieren inventarse una figura llamada ‘unión solemne’, válida sólo para parejas del mismo sexo (…) Quieren crear una ley para formalizar la discriminación. A nadie se le ocurriría crear un matrimonio especial parea personas afro o uno para los indígenas, pero los congresistas han decidido crear uno para personas homosexuales, de manera que puedan seguir manteniéndonos aislados y destinados a ser ciudadanos de segunda clase», ha expresado, con claridad meridiana, el Comité de Impulso del Matrimonio Igualitario, que no duda de que la posición defendida por Barreras será la que finalmente apruebe el Senado.

Lo que parece claro es que el tema no quedará cerrado si finalmente el Congreso colombiano opta por negar a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio en condiciones de estricta igualdad a las de las parejas de distinto sexo, y la batalla volverá de nuevo al ámbito judicial. »Vamos a ir a las notarías a pedir que nos casen y si no lo hacen tendremos que ir ante un juez para que nos resuelva la situación; si tampoco ocurre nada nos quedaremos con las uniones maritales de hecho o uniones libres que tenemos en este momento», ha afirmado la líder del colectivo Colombia Diversa, Marcela Sánchez.