Denuncian la que podría ser primera muerte imputable a la denegación de asistencia sanitaria a los «sin papeles»

La coalición Més per Mallorca y Médicos del Mundo han denunciado la que puede ser primera muerte de una persona directamente imputable a la retirada de la atención médica a los «sin papeles», una de las acciones emblemáticas del Gobierno del PP en materia sanitaria. El fallecido es un joven senegalés de 28 años que murió de tuberculosis, una enfermedad infecciosa que tiene tratamiento antibiótico.

Alpha Pam, senegalés de 28 años en situación irregular que llevaba ocho años viviendo en Baleares, falleció en su domicilio el 21 de abril. La muerte se produjo tras acudir a su centro de salud y ser derivado al hospital de Inca, donde supuestamente se le denegó la atención adecuada al no disponer de tarjeta sanitaria. Médicos del Mundo sostiene que el fallecimiento del joven es consecuencia directa del decreto gubernamental que entre otras medidas retiró la asistencia sanitaria a los «sin papeles» desde septiembre, y que en opinión de esta organización no solo pone en peligro la salud de los propios afectados, sino la salud pública. «Nosotros ya advertimos de que habría muertes. Y en este caso se trata de una enfermedad contagiosa, que compromete la salud del individuo y de quienes le rodean», han advertido desde esta organización. Hace pocos días, en un documento enviado a Bruselas, el Gobierno español anunciaba que 873.000 tarjetas sanitarias de extranjeros en situación irregular han sido ya dadas de baja.

Al parecer, la primera vez que el joven senegalés acudió a su centro de salud fue hace seis meses, alertado porque una persona de su entorno padecía tuberculosis. Allí fue atendido un total de siete veces, todas ellas por vía de urgencias al no disponer de tarjeta sanitaria. Tras acudir por última vez a su centro se le instó a que acudiese al hospital de Inca, también por urgencias, para completar la valoración. Según la versión de los denunciantes, la primera vez ni siquiera fue atendido; en la segunda sí habría recibido atención, aunque no se le practicó ninguna prueba y fue obligado a firmar un compromiso de pago por la consulta. En la tercera se le volvió a examinar, esta vez sin ser obligado a pagar, pero sin ser tampoco sometido a pruebas. Para Médicos del Mundo está claro que se produjo una falta de atención coordinada, ya que los médicos no intercambiaban información sobre él al no disponer de una historia clínica y recibir únicamente atención puntual en urgencias. Esta organización rechaza además la versión del Gobierno balear: que sí fue atendido en urgencias del hospital y se remitió al centro de salud para control. Algo que no es posible, ya que como indica la ONG, a alguien sin tarjeta sanitaria no se le puede derivar de esta forma a un centro de salud. Médicos del Mundo ha condenado el hecho de que «dentro de nuestro sistema de Salud, el más valorado del sur de Europa, hemos dejado que una persona fallezca con una enfermedad de un país del tercer mundo, y todo por un Real Decreto».

Desde Més per Mallorca han pedido por su parte la dimisión del consejero de Salud, Martí Sansaloni, por ser el «responsable político» del fallecimiento del joven. También interpondrán contra él una denuncia penal por denegación de auxilio.

La FELGTB pide el fin de esta situación

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) lamentan lo sucedido y han recordado como, al igual que Médicos del Mundo, CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/Sida) y el resto de entidades que forman la Alianza de Plataformas de Respuesta al VIH lleva meses denunciando la vulneración de derechos que supone la aplicación del Real Decreto de recortes en Sanidad que entre otras cosas puso fin a la universalidad de la asistencia sanitaria pública.

«El gobierno ha sido advertido en numerosas ocasiones de que esta agresión a los derechos humanos traerá graves consecuencias, tanto para la salud pública como para las vidas de muchas y muchos ciudadanos (…) Conocemos la primera muerte como consecuencia de estos recortes. Estamos seguros de que habrá más ya que las personas en situación irregular viven en una total indefensión frente a la enfermedad y frente a la administración», expresa esta organización en su página web.