El Gobierno español consagra la discriminación de las mujeres lesbianas en el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública

Ocho años después de la aprobación de la ley que abrió el matrimonio a las parejas del mismo sexo y puso a España en el pelotón de cabeza en materia de igualdad jurídica de gays, lesbianas y bisexuales, el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a introducir en el ordenamiento jurídico español la discriminación expresa de mujeres lesbianas y parejas de mujeres. Según informa El País, la propuesta de nueva cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que tiene ya ultimada Sanidad limitará los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública a las «parejas integradas por un hombre y una mujer» que tengan problemas de fertilidad.

Los peores temores, que adelantábamos en octubre, parecen confirmarse. El “grupo de expertos” elegido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para revisar la cartera de prestaciones en materia de reproducción asistida propuso entonces la exclusión de las mujeres lesbianas argumentando que pueden quedarse embarazadas sin necesidad de recurrir a este tipo de tratamientos. Ahora se confirma la intención de incluir a las parejas de lesbianas y a las mujeres solas, lesbianas o no. La propuesta del Ministerio que dirige Ana Mato será presentada la próxima semana ante el Consejo Interterritorial de Salud.

La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso a estas técnicas de todas las mujeres con independencia de su estado civil y orientación sexual. Sin embargo, si de financiación hablamos, hasta ahora la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública) era ambigua, estableciendo la cobertura de la reproducción humana asistida “cuando haya un diagnóstico de  esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con  los programas de cada servicio de salud”. Ello ha dejado en manos de cada comunidad la decisión de asumir o no este tipo de tratamientos en el caso de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales. De hecho, en el pasado ya ha habido comunidades que les han negado este tipo de tratamientos. Recordamos, por ejemplo, la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de al menos dos mujeres lesbianas en Asturias. A raíz de aquella polémica se supo que eran diversas las comunidades en las que se producía esta situación, de diferente color político.

Lo que ahora propone Sanidad es acabar con esta indefinición imponiendo una visión restrictiva y generalizar la exclusión de los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública de las mujeres que no estén emparejadas con un hombre, que obviamente no pueden quedarse embarazadas sin recurrir a este tipo de tratamientos. Decisión que supone una discriminación evidente, en tanto que mantiene la cobertura por parte de la sanidad pública del tratamiento de mujeres que no tienen problema alguno de infertilidad pero cuya pareja no puede dejarla embarazada… siempre y cuando se trate de un varón.

Se trata sin duda de una propuesta muy grave. Si ya deficiente es la situación actual, cuya ambigüedad da lugar a desigualdades entre diversos territorios del estado, lo que ya no tiene otra justificación que no sea la puramente ideológica es la de consagrar en un texto legal (como puede ser el Real Decreto que probablemente regulará la nueva cartera) la discriminación explícita de todos aquellos modelos familiares que no sean el tradicional de un hombre y una mujer.