Grecia reintroduce la detención forzosa de personas para realizarles la prueba del VIH

El nuevo ministro griego de Salud, el derechista Adonis Georgiadis (Nueva Democracia), ha reinstaurado la detención forzosa de personas con el objetivo de realizarles la prueba del VIH. La medida tiene lugar en el contexto del alarmante crecimiento de los nuevos casos de VIH que se ha producido como consecuencia de la profunda crisis que vive Grecia.

El decreto también permite imponer castigos como el aislamiento y en algunos casos concretos tratamientos forzosos a quienes sufran hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual distintas al VIH. El objetivo prioritario serán los adictos a drogas intravenosas, los trabajadores sexuales, los «sin papeles» y los indigentes, cuyas fotografías podrán ser exhibidas públicamente. La medida cuenta con la rotunda oposición de las organizaciones que combaten el VIH y luchan contra la discriminación de las personas seropositivas. «Esa decisión estigmatiza a las personas con VIH. La han vuelto a admitir a pesar de haber sido juzgada como inconstitucional por los órganos jurídicos», ha declarado Ioannis Proios, coordinador de la ONG Thetiki Foni. «Es muy preocupante que al nuevo ministro solo le haya tomado un día recuperar una regulación que viola los derechos humanos, estigmatiza a los grupos vulnerables y se ha probado como contraproducente para proteger la salud pública», ha expresado Judith Sunderland, representante de Human Rights Watch. La decisión del Gobierno griego también ha merecido la condena de la prestigiosa revista médica The Lancet, que en un editorial fechado este sábado recordaba que la estigmatización de los grupos vulnerables es contraproducente a la hora de combatir la expansión del VIH.

Aunque parezca propio de otra época el decreto ahora reinstaurado fue aprobado justo antes de las elecciones generales de mayo de 2012 por el entonces ministro socialista Andreas Loverdos (PASOK). Entonces decenas de mujeres, muchas de ellas adictas, fueron obligadas a realizarse las pruebas del VIH. Diecisiete de ellas dieron positivo y sus datos y fotografías fueron publicados en internet. Fueron calificadas como prostitutas pese a que no constaba que así fuera en muchos casos, y encerradas en prisión. Allí permanecieron durante meses hasta que finalmente fueron exoneradas de cargo de «tentativa de daño corporal». Las últimas de ellas, de hecho, fueron liberadas en marzo.

La norma había sido retirada por la exviceministra de Salud, Fotini Skopuli, pero fue recuperada por Georgiadis nada más ocupar su puesto tras la última crisis de Gobierno. «Es un guiño a la extrema derecha griega y manda el mensaje de que el VIH concierne solo a la gente de la noche y que los gastos de prevención son innecesarios», se lamenta Proios. Nada extraño, teniendo el cuenta que el ministro Adonis Georgiadis, un populista habitual de los platós de televisión, era hasta hace un año miembro del partido ultraderechista LAOS (una formación que en 2009 consiguió 15 diputados y llegó a formar parte del Gobierno, pero que en las elecciones de 2012 perdió sus diputados y buena parte de su electorado a manos del directamente neonazi Amanecer Dorado).

La medida tiene lugar en el contexto de un desorbitado aumento de los nuevos casos de VIH en Grecia y del fin de las políticas preventivas, a las que el Gobierno griego ha retirado los fondos. «El gobierno ha dejado de financiar el único centro de infección de VIH en todo el norte de Grecia», explica por ejemplo Ioannis Proios. Políticas de recorte que parecen ser en este momento la única preocupación de las autoridades sanitarias, dispuestas incluso a clausurar más hospitales de los que ya han sido cerrados si sus objetivos presupuestarios así lo exigen.