Un juzgado de Costa Rica acepta tramitar una unión entre personas del mismo sexo por primera vez

Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad, y su pareja, con la que convive desde hace 6 años, son la primera pareja del mismo sexo en ver aceptada por un juzgado de familia de Costa Rica su solicitud de unión.

La pareja y sus testigos han sido ya citados para que acudan a declarar y presentes las pruebas que demuestren su convivencia. El juzgado ha decidido además llevar a cabo un proceso abreviado, de forma que la resolución podría conocerse en agosto. «Esto significa que vamos para adelante, que la ley es eficaz contrario a los criterios homófobos que decían que esto no podía ser posible. Sabemos que los jueces son un más neutrales y honestos», ha declarado un ilusionado Marco Castillo. «Es un triunfo muy importante para las organizaciones LGTB de Costa Rica que hemos venido peleando a favor de nuestros derechos», ha añadido.

La decisión ha sido adoptada por un juzgado de Desamparados (provincia de San José), pero ya se han producido al menos otras seis solicitudes en otros juzgados de familia de las provincias de San José, Heredia y Guanacaste, que aún no se han pronunciado.

Una puerta abierta gracias a una nueva ley

Si todo este proceso se ha desencadenado ha sido porque el 1 de julio Costa Rica aprobaba una reforma a la Ley General de la Persona Joven que en su articulado abría la puerta al reconocimiento de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Varios diputados que votaron a favor pidieron incluso a la presidenta del país que hiciera uso de su derecho de veto al no haber sido conscientes de lo que votaban. La presidenta Laura Chinchilla hizo caso omiso y sancionó la ley. “Nosotros no tenemos que interpretar ni creer, si alguien tiene dudas del texto que lo consulte, o que un juez en un caso específico resuelva, o que los diputados hagan un proyecto de interpretación auténtica“, justificaba el ministro de Comunicación, Carlos Roverssi.

La ley reconoce expresamente “el derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años. Para estos efectos serán aplicables, en lo compatible, los artículos del 243 al 245 del Código de Familia“. En la práctica, ello supone una modificación tácita del artículo 242 del Código de Familia (que establece que la unión de hecho debe ser entre un hombre y una mujer), estableciéndose claramente que los aplicables son los artículos 243 a 245 (que regulan los derechos de las uniones de hecho, sin mencionar que estas tengan que ser de personas de distinto sexo).

Habrá que ver qué deciden los juzgados de familia, pero todo apunta a que el Gobierno de Costa Rica no está especialmente incómodo con la situación creada, que habría permitido resolver sin polémica política un asunto, el del reconocimiento jurídico de las uniones del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa lleva años debatiendo sin avances reales, y sobre el cual ahora la pelota estaría en el tejado de los jueces.

Una situación que desde luego no gusta nada al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor evangélico Justo Orozco (un conocido homófobo) o a la iglesia católica costarricense, cuya Conferencia Episcopal ha hecho público un documento en el que se niega a admitir que la nueva ley permita celebrar uniones entre personas del mismo sexo, a las que se opone frontalmente.