El procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, evita rendir cuentas ante representantes de la comunidad LGTBI

El pasado 1 de agosto tuvo lugar en el Congreso de la República de Colombia el evento «¿Avanza la Procuraduría en Derechos Humanos en Colombia?», al que se invitó a rendir cuentas al procurador general, Alejandro Ordoñez, que en el último momento rechazó participar. Activistas LGBTI y a favor del estado laico hicieron allí fuertes demandas al que debería ser máximo defensor de los derechos humanos en Colombia, en la práctica un consumado homófobo.

El evento estuvo compuesto de tres paneles. Fue en el tercero de ellos en el que se abordaron los derechos de las mujeres, de la ciudadanía LGBTI y la separación entre Estado e iglesias. Allí los activistas Marcela Sánchez (directora de Colombia Diversa) y Mauricio Albarracín hablaron de la actuación de la Procuraduría en materia LGTBI. “Si nos limitáramos a responder la pregunta formulada por el panel, ¿qué ha hecho la Procuraduría a favor de los derechos de la comunidad LGBTI?, responderíamos: Nada, y hasta ahí llegaría nuestra intervención… La Procuraduría si ha hecho, pero todo en contra” , afirmaron.

Durante el desarrollo del panel quedó demostrada la obsesión de Ordoñez y de sus funcionarios allegados, como la doctora Ilva Myriam Hoyos, en contra de la igualdad LGBTI. El procurador general, que no envió delegados para hacer frente a la crisis del Catatumbo (en la que presuntamente la fuerza pública cometió excesos contra los manifestantes) no dudó en enviar un procurador judicial a la primera unión civil de parejas del mismo sexo. “En 183 años de la Procuraduría es la primera vez que se envía un procurador judicial con seis recursos para evitar una boda», afirmó el constitucionalista Rodrigo Uprimny. Los activistas denunciaron además el rechazo de Ordoñez a dar la cara ante las ONG y la sociedad civil allí representada. “El procurador dijo que no podía asistir y que lo hará sólo en la rendición que por ley debe dar al Congreso, sin embargo, no tuvo ningún problema en reunirse en este mismo espacio en un panel convocado por los senadores Espíndola [pastor evangélico] y la senadora Wilches para oponerse al matrimonio igualitario”, reclamó Marcela Sánchez.

Ferney Rodríguez, de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá (y colaborador de dosmanzanas) destacó el carácter religioso de las actuaciones del procurador Ordoñez y su «vista gorda» ante las situaciones en la que los funcionarios públicos violan la laicidad del Estado. “Nos preguntamos si los conceptos emitidos como funcionario público en asuntos LGBTI y de mujeres provienen del catecismo o de fuentes académicas serias e independientes” se preguntó. “El senador Barreras hizo pacto con el pastor Jhon Milton Rodríguez de la Iglesia Misión Carismática al Mundo de la ciudad de Cali, en el que a cambios de los votos de la congregación, el político debía oponerse a proyectos de ley relacionados con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la eutanasia y a la interrupción voluntaria del embarazo. En ninguno de estos casos la Procuraduría General de la Nación ha pedido explicaciones ni abierto investigaciones”, denunció.

Por parte de la comunidad transexual habló Sebastián Cifuentes, del grupo Transpopulares, quien hizo un llamado ante la invisibilización de los transexuales en Colombia. Su ponencia cargada de gran sentimiento recibió la mayor ovación de la jornada.

Un homófobo reconocido

Como hemos recogido en muy diversas ocasiones, Alejandro Ordoñez ha sido a lo largo de los últimos años un feroz opositor a la igualdad LGTB, que no ha dudado en utilizar su posición como procurador general para intentar frenar cualquier intento de avance en esta materia.

Especialmente destacable ha sido su papel aglutinador de la oposición a la aprobación de una ley de matrimonio igualitario, propuesta que respondía a la exigencia de igualdad de las parejas del mismo sexo hecha por la Corte Constitucional de Colombia y que finalmente no fue aprobada. Ordoñez llegó a acusar al alto tribunal de “invadir las funciones del legislador” y crear una definición de familia “a partir de la cual infirió la subregla constitucional de que las parejas del mismo sexo con vocación de permanencia son familia”. Acusaciones que le valieron un rapapolvo de la misma Corte Constitucional, que defendió la independencia de los jueces y sus propia sentencias.

Mientras tanto, una vez vencido en junio el plazo dado por la Corte sin que el Congreso legislara de una u otra forma el reconocimiento de las parejas del mismo sexo con los mismos derechos que las heterosexuales, continúa la lucha en el ámbito judicial a favor del matrimonio igualitario. En la entrada que publicamos la semana pasada resumimos el estado de la situación.