ONUSIDA insta a Grecia a retirar el decreto que autoriza la detención de personas para hacerles la prueba del VIH

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) ha instado a Grecia a derogar el decreto que entre otras medidas intimidatorias permite la detención de personas para realizarles la prueba del VIH. «No hay ningún indicio de que los planteamientos punitivos -particularmente aquellos que marcan a personas de las poblaciones clave- sean eficaces en la respuesta al VIH. Por el contrario, tales medidas impiden a las personas más afectadas por el VIH acceder a servicios vitales de prevención y atención del VIH», ha expresado dicha organización.

Como explicamos hace ahora tres semanas, el decreto también permite imponer castigos como el aislamiento y en casos concretos tratamientos forzosos a quienes sufran hepatitis, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual distintas al VIH. Su objetivo prioritario son los adictos a drogas intravenosas, los trabajadores sexuales, los “sin papeles” y los indigentes, cuyas fotografías podrán ser exhibidas públicamente.

El decreto fue aprobado justo antes de las elecciones generales de mayo de 2012 por el entonces ministro socialista Andreas Loverdos (PASOK). Entonces decenas de mujeres, muchas de ellas adictas, fueron obligadas a realizarse las pruebas del VIH. Diecisiete de ellas dieron positivo y sus datos y fotografías fueron hechos públicos. Fueron además calificadas como prostitutas pese a que en muchos casos no constaba que así fuera y encerradas en prisión. Allí permanecieron durante meses hasta que finalmente fueron exoneradas de cargo de “tentativa de daño corporal”. Las últimas de ellas, de hecho, fueron liberadas en marzo. La norma fue retirada pero ha sido recientemente recuperada por el  nuevo ministro griego de Salud, Adonis Georgiadis, un populista que hasta hace un año era miembro del partido ultraderechista LAOS y que ahora milita en Nueva Democracia.

La medida del Gobierno griego contaba ya con la oposición de las ONG que trabajan en el ámbito del VIH y del ámbito académico (mereció la condena, por ejemplo, de la prestigiosa revista médica The Lancet) pero ahora son los expertos de Naciones Unidas los que piden su retirada. «ONUSIDA insta a las autoridades griegas a derogar el decreto sanitario y a iniciar un diálogo con los expertos sanitarios, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas para elaborar normas de salud pública adecuadas, basadas en pruebas y respetuosas de los derechos. Todo el mundo -incluyendo las trabajadoras sexuales y sus clientes, los consumidores de drogas y los migrantes y solicitantes de asilo- debe tener acceso a servicios voluntarios y confidenciales relacionados con el VIH y estar protegido frente a la discriminación», expresa ONUSIDA en su comunicado.

La medida tiene lugar en el contexto de un desorbitado aumento de los nuevos casos de VIH en Grecia y del fin de las políticas preventivas, a las que se han retirado fondos. “El gobierno ha dejado de financiar el único centro de infección de VIH en todo el norte de Grecia”, explicaba Ioannis Proios, coordinador de la ONG Thetiki Foni.