Amnistía Internacional insta a la Unión Europea a que incluya la violencia homófoba y tránsfoba entre los crímenes de odio

Amnistía Internacional ha emitido un informe sobre la violencia homófoba y tránsfoba en los países miembros de la Unión Europa al que ha titulado “Por ser quien soy”. Los dos problemas fundamentales, según esta organización, son la ausencia de legislaciones en algunos países que consideren este tipo de delitos como crímenes de odio y la deficiente aplicación en la práctica de esas legislaciones en algunos países donde existen.

El informe señala también la ausencia de una política clara por parte de la Unión Europea que obligue a los Estados miembros a incluir en sus legislaciones sobre crímenes de odio los cometidos por razón de la orientación sexual o identidad de género de las víctimas. En 2008, la Unión Europea aprobó la Decisión Marco 2008/913/JAI, cuyo artículo 4 establece que la motivación racista o xenófoba asociada a un crimen debe considerarse una circunstancia agravante. El Consejo de la Unión Europea debe revisar esta decisión a finales de este 2013, aunque no es seguro que la modifique para incluir además la orientación sexual y la identidad de género.

En 2012, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva que reforzaba los derechos de las víctimas de delitos. El texto obligaba a tener en cuenta, entre otras circunstancias de las víctimas, su orientación sexual y su identidad o expresión de género.  La directiva pedía a las autoridades que tratasen a las víctimas de delitos de forma equitativa y sin discriminación por motivo alguno, incluida la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, a fecha de hoy, la Comisión Europea aún está preparando directrices para su aplicación.

Marco Perolini, experto en discriminación en Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, considera que “la violencia motivada por el odio tiene un efecto especialmente dañino y a largo plazo en las víctimas. Aun así, la Unión Europea y muchos de sus miembros no reconocen como crímenes de odio en su legislación los crímenes basados en la orientación sexual o identidad de género percibidas. Esto es inaceptable, porque la orientación sexual y la identidad de género son causas de discriminación prohibidas en el derecho internacional de los derechos humanos”. Perolini cree que la falta de estas legislaciones específicas “transmite la idea de que algunas formas de violencia merecen menos atención y protección que otras. Esto es inaceptable para una Unión Europea que se enorgullece de promover la igualdad y la inclusión”.

Países sin legislación contra la violencia homófoba y tránsfoba

En cuanto a esas legislaciones específicas, Bulgaria, la República Checa e Italia incluyen en sus códigos penales artículos que castigan la violencia por razón de raza, nacionalidad, religión o ideología política. En Alemania se consideran crímenes de odio los cometidos por xenofobia o antisemitismo. Letonia establece como circunstancia agravante el racismo. Pero en ninguno de estos países los crímenes cometidos por razón de la orientación sexual o identidad  de género de la víctima merecen la consideración de crimen de odio o siquiera de circunstancia agravante. El tímido proyecto de ley en curso en el Parlamento italiano, lleno de excepciones, no parece que vaya a suponer un cambio estimable.

Precisamente en Italia, en los casos de las mujeres transexuales Michelle, Anna y Camilla, las tres víctimas de terribles palizas motivadas por su identidad de género, es común tanto la indolencia policial como la consideración de la víctima como sospechosa. A ello se añade que, aunque se encuentre a los culpables, no podrá aplicarse agravante alguno porque su legislación actual no lo contempla. Michelle resumía el motivo de su agresión con la frase que da título al informe: “me querían matar solo por ser quien soy”.

En Bulgaria, el joven Mihail Stoyanov fue asesinado brutalmente en 2008 cuando paseaba por el parque Borisova de Sofía. Los asesinos pensaron que era homosexual y procedieron a “limpiar el parque”, según alardearon ante testigos. La causa del asesinato fue bien establecida durante la investigación policial. Sin embargo, tras cinco años, el juicio aún sigue su curso, y los criminales, como mucho, podrán ser condenados por un asesinato cometido con “vandalismo” y “de forma especialmente cruel”, pero no por un asesinato perpetrado por la supuesta orientación sexual de Mihail, lo que supone seguir sin reconocer su carácter discriminatorio.

Amnistía Internacional también destaca los casos de Grecia y Croacia, países que sí incluyen la violencia homófoba y tránsfoba como crímenes de odio. En el caso de Grecia, las ONG locales se quejan de que en la práctica la policía y las autoridades judiciales no suelen tener en cuenta los presuntos motivos de odio al investigar y enjuiciar estos crímenes. En Croacia, uno de los obstáculos reside en que la consideración de crimen de odio no se aplica a las faltas, lo que ha impedido que muchas agresiones escapen a este agravante, entre otras la violencia que se desató contra los manifestantes durante la celebración del Orgullo de Split en 2011 por parte de grupos de extrema derecha.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

En su informe, Amnistía Internacional insta a los Estados miembros de la Unión Europea a que garanticen que la violencia homófoba y tránsfoba es incluida en sus legislaciones contra los crímenes de odio, y a que las autoridades policiales y judiciales reciban formación sobre este tipo de delitos.

En cuanto a la propia Unión Europea, la recomendación es más específica, según la organización debe “revisar la Decisión Marco 2008/913/JAI para garantizar que aborda de forma integral todas las formas de crímenes de odio, incluidos los perpetrados por motivos de orientación sexual e identidad de género. Todo instrumento revisado también debe incluir principios que exijan a los Estados aplicar las medidas necesarias que garanticen que las autoridades competentes tienen plenamente en cuenta los presuntos motivos de odio en la investigación y el enjuiciamiento”.

Finalemnte, la organización también exige que se garantice “que las víctimas de crímenes de odio en los Estados miembros de la UE acceden en pie de igualdad a los derechos protegidos por la directiva sobre los derechos de las víctimas (Directiva 2012/29)”.