Putin afirma ahora que quienes acudan a los Juegos de Sochi deben sentirse cómodos sea cual sea su etnia, raza u orientación sexual

En una reunión con los responsables de las federaciones rusas de los deportes de invierno, a la que también acudió el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, el presidente ruso Vladimir Putin declaró su intención de hacer todo lo posible para que tanto participantes como invitados en los Juegos Olímpicos de Sochi se sientan cómodos, con independencia de su etnia, raza u orientación sexual. Cabe recordar, sin embargo, que las leyes que prohíben la llamada ”propaganda homosexual” y la orden para impedir manifestaciones y actos de protesta durante la celebración de los Juegos siguen plenamente vigentes.

Se trataba del primer viaje del presidente del COI a Sochi desde su reciente elección, lo que quiso aprovechar Vladimir Putin para tratar de disipar las dudas que se plantean acerca del respeto a la Carta Olímpica por parte de las autoridades rusas. La Carta Olímpica establece que “toda segregación está completamente prohibida dentro del territorio olímpico, ya sea por cuestión de raza, religión, color u otro motivo”, según declaraba Jean-Claude Killy, presidente de la Comisión de Coordinación del COI el pasado mes de septiembre.

Esta carta de intenciones choca vivamente con la vigente legislación rusa, que prohíbe informar positivamente sobre homosexualidad en cualquier ámbito al que tengan acceso menores. Ello supone en la práctica que ni marchas del Orgullo, ni manifestaciones públicas, ni programas contra el acoso escolar, ni información sobre salud sexual, ni cualquier cuestión que un juez considere susceptible de ser entendida como “propaganda homosexual” puede tener lugar en todo el estado ruso. De hecho, es un instrumento para que la homosexualidad quede reducida a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad, y estrangular el activismo LGTB.

A pesar de ello, Putin quiso dirigirse en los siguientes términos a los presentes en la reunión: “en mi nombre y el vuestro, he asegurado al presidente [del COI] que vamos a hacer todo lo posible, al igual que nuestros atletas y aficionados, para que los participantes e invitados se sientan cómodos en los Juegos Olímpicos de Sochi, independientemente de su etnia, raza u orientación sexual. Me gustaría subrayar eso”.

Lo cierto es que en el COI no parece que necesitaran esas palabras tranquilizadoras. El pasado mes de septiembre el citado Jean-Claude Killy respaldaba la organización rusa, asegurando que confiaba en su respeto a los términos de la Carta Olímpica: “estamos convencidos de que ese será el caso. Mientras la Carta Olímpica sea respetada estaremos satisfechos, y este el caso”, afirmaba tras su visita de inspección. Desde la presidencia del organismo deportivo también se informaba de que los deportistas y demás participantes serán advertidos de la prohibición de participar en manifestaciones públicas de carácter político durante esos días, al igual que ya sucedió durante los Juegos de Pekín en 2008.

Ese respaldo provocaba la indignación de los activistas LGTB por la pasividad y connivencia del COI, más aún si se tiene en cuenta que su supuesta política de neutralidad y no interferencia se ha visto contradicha por numerosos ejemplos a lo largo de la historia. Esa pasividad era criticada recientemente por el Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo, que solicitaba medidas tanto a las autoridades de la Unión Europea como al propio COI, al que instaba a denunciar las leyes homófobas rusas.

La realidad frente a las palabras

Recordemos que el presidente ruso firmó en agosto un decreto prohibiendo manifestaciones y otros actos de protesta desde el 7 de enero al 21 de marzo de 2014, fechas que incluyen el desarrollo de los Juegos Olímpicos.

Tampoco debe olvidarse cómo, en uso de la legislación homófoba, un grupo de activistas liderados por Nikolai Alekseev fue detenido en Sochi el pasado mes de septiembre por protestar por la homofobia de estado rusa, después de que su acto reivindicativo fuera prohibido en aplicación de la ley que censura la visibilidad de las personas LGTB. Los detenidos fueron liberados horas después, acusados de celebrar un acto no permitido y bajo fuertes multas. Y no se trataba, de hecho, de la primera acusación contra activistas en el contexto de esta nueva norma. Ya a principios de ese mismo mes recogíamos la acusación contra el joven Dmitry Isakov simplemente por haberse manifestado frente al ayuntamiento de su ciudad en defensa de sus derechos.

Las personas abiertamente LGTB, además, han comenzado a perder sus trabajos. Es el caso de dos profesores recientemente despedidos de los centros en los que daban clase: Olga Bakhaeva (de 24 años) y Alexander Yermoshkin (de 38). A todo ello hay que sumar la dificultad a la que se enfrentan en el día a día las personas LGTB rusas. Imposible no recordar a los jóvenes LGTB que son violentamente agredidos, secuestrados, horriblemente torturados y en algún caso asesinados por bandas organizadas sin que las autoridades parezcan muy interesadas en evitarlo.

Pero la persecución no se limita a las personas LGTB, sino que se extiende a las organizaciones que las defienden. Según un comunicado hecho público por el Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo, a principios de este mes de octubre 9 habrían sido ya denunciadas, 18 habrían recibido la orden de cesar actividades que supuestamente violan la legislación y hasta 53 habrían recibido avisos “preventivos”. “Bajo la pantalla de humo de la protección de los ‘valores tradicionales’, las autoridades rusas se vuelven cada vez más autoritarias, limitando la libertad de expresión y violando los derechos humanos, y no solo los de las personas LGTB, sino los de todas las minorías”, declaraba al respecto el eurodiputado británico Michael Cashman, copresidente del Intergrupo.