La Corte Suprema de la India ratifica su decisión de diciembre y mantiene como delito las relaciones homosexuales

La Corte Suprema de la India ha rechazado la petición del Gobierno de ese país y de varios grupos de defensa de los derechos humanos de reconsiderar su fallo del pasado 11 de diciembre, cuando declaró inválida la despenalización de las relaciones homosexuales que en julio de 2009 había establecido el Alto Tribunal de Delhi. Una decisión que mantiene a las personas LGTB de la India en una situación de notoria inseguridad jurídica y que hace cada vez más insostenible la posición del Gobierno de ese país, supuestamente favorable a la despenalización de la homosexualidad pero hasta el momento sin valor suficiente para proponerla en el Parlamento.

La prohibición de las relaciones homosexuales en la India puede costar hasta diez años de cárcel debido a la vigencia de la sección 377 del Código Penal, heredada de la época colonial, que declara ilegal cualquier acto considerado «contra natura». Y aunque hace años que apenas se aplica en la práctica, pende como una espada de Damocles sobre la población homosexual. Es por eso que la sentencia emitida en 2009 por el Alto Tribunal de Delhi, tras una demanda de Naz Foundation India, fue considerada histórica. La sentencia establecía que penalizar actos sexuales libremente consentidos entre adultos viola derechos fundamentales reconocidos por la Constitución india y declaraba inválida la sección 377 en dicho supuesto.

Una sentencia que se consideraba difícilmente reversible, pese a haber sido recurrida y contar con la firme oposición de sectores tradicionales y religiosos, tanto del ámbito hindú como del musulmán o del católico. En su momento la propia Corte Suprema se negó a paralizarla cautelarmente, y pidió al Gobierno indio que se pronunciara. El Gobierno declinó recurrir y decidió esperar a que la Corte fallara sobre los recursos planteados por otras instancias. El hecho de que la Corte Suprema demorara varias veces su decisión, dejando que poco a poco surgiera una significativa visibilidad LGTB, también hacía pensar que el tiempo corría a favor de la igualdad.

Sin embargo, y ante la sorpresa de casi todos, la Corte Suprema consideró en diciembre (en un fallo firmado por los jueces G. S. Singhvi y S. J. Mukhopadhaya) que el Alto Tribunal de Delhi se extralimitó en sus funciones, señalando que corresponde al poder legislativo derogar la sección 377. La noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría entre los activistas LGTB, pero enseguida se vio que tampoco era del agrado ni del Gobierno indio ni del gobernante Partido del Congreso. La presidenta de este, Sonia Gandhi, opinó que la sentencia del Alto Tribunal de Delhi había acabado “sabiamente” con “una norma injusta, arcaica y represiva que infringía los derechos humanos básicos que nuestra Constitución ensalza” y expresó su esperanza de que el Parlamento actuara para corregir el desaguisado. También los ministros de Economía y Justicia expresaban su sorpresa y señalaban que se transmitiría orden a las comisarías de todo el país de no aplicar la sección 377 en caso de relaciones sexuales consentidas entre adultos. Por el contrario, el líder opositor Rajnath Singh, presidente del conservador Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio) expresó su satisfacción, ya que “la homosexualidad es antinatural y no puede ser apoyada”.

El Gobierno indio, finalmente, hacía una petición expresa a la Corte Suprema de reconsiderar la sentencia. Varios organizaciones de defensa de los derechos humanos hacían lo propio. Peticiones a las que por desgracia la Corte Suprema no ha accedido. La decisión era tomada en esta ocasión por los jueces H. L. Dattu y S. J. Mukhopadhaya, que no veían motivo alguno para cambiar el fallo. «La Corte tenía una oportunidad de corregirse a sí misma. Se supone que este tribunal debe servir a todos los seres humanos», se lamentaba al conocer la noticia Arvind Narrain, uno de los abogados que representaban a las ONG.

Estaremos atentos a lo que suceda a partir de ahora. Por lo pronto, Narrain ha anunciado la formalización de una curative petition, un recurso especial para que la decisión sea revisada por un panel de cinco jueces de la Corte (habrá que ver si es admitida a trámite, dado que este tipo de recurso se reserva para situaciones especiales). Otra posibilidad sería que el Gobierno se atreviera por fin a mover ficha y proponer la despenalización de las relaciones homosexuales en el Parlamento. Mientras tanto, solo cabe confiar en que cumpla su compromiso de no aplicar la sección 377.