La Junta de Andalucía decide mantener la subvención al colegio tránsfobo de Málaga

«Veremos si la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado». La frase es nuestra: la incluíamos en nuestra anterior entrada dedicada al tema, en la que expresábamos nuestro temor de que la Junta de Andalucía no se atreviera a retirar la subvención al colegio religioso de Málaga que se negó a respetar la identidad de género de una niña transexual, hasta el punto de que la familia se vio obligada a cambiarla de centro. Un temor que se ha visto confirmado este lunes. La Junta ha llegado a un acuerdo con el centro que salda el episodio con un simple «apercibimiento». De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

Como informamos hace poco más de dos semanas, la familia se vio obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, del Colegio San Patricio. Se trata de un centro concertado (es decir, financiado con fondos públicos aportados en este caso por la Junta de Andalucía) dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, vinculada al Obispado de Málaga. El centro se negó desde principios de curso a respetar la identidad de género de la niña, negándose a que apareciera en las listas escolares con nombre femenino, a que pudiera vestir el uniforme de niña y a que fuera tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro.

Tras divulgarse la historia, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. El centro no dio marcha atrás y la Fiscalía decidió finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Mientras tanto la niña acudía a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según explicó el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se volvió ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que tomó la decisión de sacar a la niña del centro “con todo el dolor de su corazón” se trató de hecho de una expulsión forzada.

Un acuerdo sobre la no obligatoriedad del uniforme

Tras conocer el abandono del centro por parte de la niña, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, lamentó que fueran los “injustificados prejuicios ideológicos del centro docente» los que motivaron la decisión de la familia, que en todo caso “respetaba”. A la Junta, sin embargo, le quedaba un as en la manga. En diciembre Educación anunció la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Un procedimiento administrativo que ha seguido adelante… hasta ahora. Este lunes Junta y colegio alcanzaban un acuerdo por el que este simplemente era apercibido «por imponer la uniformidad obligatoria». «El el caso de que el centro reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo», añadía el Ejecutivo andaluz. La Junta ha recordado al centro que la legislación vigente «especifica taxativamente que los centros no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de estas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos».

Aspecto sin duda muy loable, el de censurar la uniformidad obligatoria, pero que más bien parece una forma alambicada de soslayar el problema de fondo: la discriminación tránsfoba ejercida por el colegio. El problema no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se ha limitado a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme «se garantice al máximo la convivencia aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio». Nos preguntamos qué grado de compromiso supone esto para el colegio. Si la pequeña Gabi volviera ¿se le permitiría vestir ropa de niña con total libertad? ¿se usaría su nombre femenino en las listas? ¿se le permitiría usar el baño de niñas?

La Fundación Diocesana, gran vencedora

El episodio se salda con la victoria clara de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que una vez firmado el acuerdo de conciliación se ha permitido incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no ha llegado ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, resulta significativo que la Fundación no exprese rectificación alguna y argumente que la Fiscalía archivó el procedimiento. No parece que exista propósito de enmienda.

Un final decepcionante, aún más si se tiene en cuenta que la decisión de sancionar al centro dependía de una administración gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA, a la que se supone mayor sensibilidad a los derechos LGTB. Resulta en cualquier caso poco creíble que la Junta no dispusiera de suficiente margen de maniobra como para haber forzado un acuerdo más favorable a los intereses de la menor discriminada.