Decepcionante debut del PSOE de Pedro Sánchez en materia LGTB: el grupo socialista avala el convenio de adopción con Rusia

Decepcionante votación en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, donde PP, PSOE y CiU han dado su voto afirmativo al nuevo convenio bilateral de adopción entre España y Rusia, que valida la discriminación de las personas homosexuales extranjeras en el acceso a la adopción de niños aprobada por el Parlamento ruso el año pasado. Los representantes de IU y UPyD se han abstenido, y ningún grupo ha votado en contra. Especial decepción ha causado entre los colectivos LGTB la posición del PSOE, toda una bofetada a lo que representó ese partido en la defensa de la igualdad jurídica de todas las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género.

Lo sucedido este jueves en Madrid es muy grave, en tanto demuestra la falta de compromiso real con las personas LGTB de la clase política representada en el Congreso. Ha bastado que la defensa de la igualdad jurídica de todas las personas con independencia de su orientación sexual obligara a adoptar una posición incómoda ante la opinión pública, para que dicho compromiso se haya disuelto como un azucarillo.

Como bien hemos explicado en entradas anteriores, la firma de un convenio que regulase la adopción entre Rusia y España estaba pendiente desde 2009, pero no fue hasta hace un año cuando Rusia bloqueó las adopciones en curso después de que el Parlamento de ese país aprobara una norma cuyo objeto es impedir que menores rusos puedan ser ubicados en hogares de parejas del mismo sexo o monoparentales (con objeto de asegurarse de que no serán criados por lesbianas o gays), norma que Rusia ha querido trasponer al convenio ahora firmado, al igual que pretende hacer con otros países en los que es posible el matrimonio igualitario. Rusia tomaba así como rehenes de la homofobia de estado a cientos de niños cuyos trámites de adopción ya habían sido iniciados.

Hasta el momento, y así conviene destacarlo, España es el único país que ha cedido al chantaje. El gobierno español aceptó las condiciones de Rusia, que no solo oficializaban el veto a la adopción de menores por personas solteras y parejas del mismo sexo, sino que suponen que las autoridades rusas podrán hacer un seguimiento de los menores ya adoptados (que deberán mantener la nacionalidad rusa al menos hasta su mayoría de edad y permanecer inscritos en el consulado ruso) y que podrán solicitar que el menor sea reubicado con otra pareja heterosexual en caso de que la situación del menor cambie.

Es cierto que el Gobierno español ha tratado de minimizar daños incluyendo en el convenio que este seguimiento se articulará “en tanto que lo permita la legislación del Estado receptor”, cláusula ambigua que puede entenderse como una salvaguarda frente a la posibilidad de que si por ejemplo los padres adoptivos fallecen y su familiar más directo es gay o lesbiana este no pueda hacerse cargo del niño. Pero si el menor queda por ejemplo en situación de desamparo absoluto y tiene que ser reubicado con una nueva familia parece claro que esta solo podrá ser un matrimonio heterosexual. En definitiva, el convenio supone aceptar la discriminación de las personas LGTB en nuestro propio suelo, pese a lo cual el gobierno español lo firmaba en una ceremonia pública dando muestras de gran satisfacción y complicidad con el gobierno ruso.

COGAM había pedido a los grupos que al menos se abstuvieran

La situación creada es ciertamente complicada. Ante una parte de la opinión pública, los contrarios a la firma del convenio son vistos como personas intransigentes y sin corazón, que prefieren que las familias que han iniciado los procesos de adopción pierdan a sus hijos a ceder «solo un poco», y más teniendo en cuenta que de facto las parejas del mismo sexo nunca han podido adoptar en Rusia, ya que en último término eran los jueces de ese país los que autorizaban o no la adopción. Pero no es este el debate: de lo que se trata no es de que Rusia niegue a los ciudadanos homosexuales españoles (y del resto del mundo) la adopción de niños, de lo que se trata es de que nuestro Gobierno -y ahora nuestro Parlamento- cede con la mejor de las sonrisas al chantaje y acepta colar por la puerta falsa en el ordenamiento jurídico español la discriminación por razón de orientación sexual.

Los propios colectivos LGTB son conscientes de lo difícil de la situación. La Plataforma Estatal de Familias LGBT, entidad que agrupa a diversos colectivos de familias homoparentales (Área de Familias de Triángulo, FLG, GALEHI, GALESH, MAGALA, SEHASKA y Son Nuestros Hijos) había pedido al Congreso que rechazara el convenio. “Cuando este gobierno cercena el alcance de la jurisdicción española en el extranjero, sin embargo, permite que la legislación homófoba rusa se aplique en España (…) Una vez más, se demuestra que los derechos de las personas LGBT y de sus hijas e hijos, son prescindibles para este gobierno y pueden sacrificarse fácilmente”, expresaba esta plataforma en un comunicado.

COGAM había optado por pedir a los grupos que se abstuvieran. «Somos conscientes de la incertidumbre que están sufriendo muchas personas debido a este convenio, entre otras cosas porque nuestras familias son víctimas también de tal incertidumbre. Tenemos presente la situación que viven las y los menores en Rusia, en especial menores lesbianas, gais, trans y bisexuales, no pudiendo expresar con libertad su orientación sexual o identidad de género, y siendo educadas y educados en la intolerancia y persecución hacia las personas que pertenecen a nuestro colectivo», explicaba su presidenta Esperanza Montero en una carta dirigida a los grupos políticos hace un par de semanas. «Desde COGAM queremos pedirle a tu grupo parlamentario que el voto sea la abstención. La abstención porque España no puede ser cómplice de la LGTBfobia de Estado que se practica en Rusia, ni de aprobar un convenio internacional de dudosa constitucionalidad. Pero a la vez, somos conscientes de que esos niños y niñas que esperan un futuro mejor, van a estar mejor educados en un país donde la igualdad legal es casi plena y hay un grado muy alto de aceptación y respeto hacia las personas LGTB», finalizaba el texto.

PSOE, CiU y PNV miran hacia otro lado

Finalmente, la petición de Esperanza Montero solo ha encontrado eco en IU y UPyD, las dos únicas formaciones que han disentido del voto mayoritario. De hecho, solo el diputado de UPyD Toni Cantó ha levantado la voz, preguntando al ministro de Exteriores si permitiría la firma de un convenio de adopción con un tercer país «que no permitiera adoptar a gitanos, negros o católicos». El resto de grupos representados en la Comisión de Exteriores han optado por apoyar al Gobierno y votar a favor del convenio.

En nota de prensa, COGAM ha querido agradecer a IU y UPyD su voto, «responsable tanto para las familias que están esperando a sus hijos como para aquellas que se les niega el derecho a adoptar» y expresar al mismo tiempo su malestar «hacia aquellos partidos que han votado a favor de un convenio contra los derechos humanos». COGAM se pregunta «qué pensarán los responsables para políticas LGTB de esos partidos (…) destacando al PSOE, que históricamente había venido desarrollando políticas a favor de la diversidad».

También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido un comunicado al respecto, en el que condena con dureza resultado de la votación. “¿Por qué desde la Comisión de Exteriores se consiente esta vulneración de la diversidad familiar, esta discriminación de los derechos de nuestro colectivo que perpetra un convenio que el señor Rajoy ha escrito al dictado del homófobo señor Putin?», expresa su presidenta, Boti García Rodrigo. La nota de la FELGTB, sin embargo, no alude expresamente a la posición del PSOE.

Decepcionante debut de Pedro Sánchez en materia LGTB

El 14 de julio publicamos una entrada en la considerábamos que esta era una buena ocasión para valorar el compromiso del nuevo PSOE de Pedro Sánchez con la igualdad LGTB más allá de las palabras y los discursos. La complejidad de la situación creada hace difícil a cualquier persona dotada de una mínima empatía hacia el sufrimiento de las familias cuyos hijos están retenidos en Rusia defender la oposición a un convenio infame. Hace falta rigor, claridad en los principios y mucha pedagogía para transmitir a la opinión pública las razones, y aún así estar dispuesto a asumir el inevitable desgaste.

Pero Pedro Sánchez ha sido en esta primera ocasión incapaz de imponer a su partido una posición que sin duda es incómoda de defender, pero íntegra y respetuosa con los derechos LGTB. La decepción es palpable. Hubo una vez que desde el PSOE se adoptaron posiciones muy valientes en esta materia, pero la votación de este jueves ha sido toda una bofetada a ese pasado.

Aprobado el dictamen favorable en comisión, el convenio bilateral debe ser confirmado por el pleno del Congreso, previsiblemente en septiembre. En cualquier caso, pase lo que pase en esa votación final, la falta de un compromiso real y sólidamente fundamentado con los derechos LGTB ha quedado ya en evidencia.

Carla Antonelli, opuesta a la decisión de su partido

Justo es no obstante reconocer que ha habido voces discrepantes dentro del PSOE, muy singularmente la de la activista LGTB y diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, que tras conocer el resultado de la votación en el Congreso expresó públicamente su disconformidad con la decisión adoptada por su partido. «Hoy igual que ayer NO puedo estar más en desacuerdo con la votación a favor del Convenio con Rusia que excluye #LGTBI porque es asumir las propias discriminaciones», escribía Antonelli en Twitter.