El obispado de Canarias fuerza el despido de un profesor de Religión gay después de que este se felicitara públicamente de seguir trabajando (ACTUALIZADA: el Gobierno canario se opone al despido)

El 28 de julio el diario El País publicaba su testimonio en su sección de cartas al director. Luis Alberto González Delgado se felicitaba por el hecho de que a pesar de ser gay y haberse casado con otro hombre hubiera mantenido su posición como profesor de Religión en dos institutos de Lanzarote. Pocos días después el obispado de Canarias lo ha expulsado. Conviene recordar en este punto que merced al trato privilegiado que el Estado español concede a la Iglesia católica, esta puede despedir a su antojo a los profesores de Religión aunque impartan clase en centros públicos y su sueldo lo pague el Estado.

En su carta al diario El País, el propio González explicaba la situación: «Una cosa es que el papa Francisco, ante un micrófono, hable de no juzgar al ‘gay que busca al Señor’, y otra bien distinta es aceptar una relación homosexual. Además, la legislación otorga a los obispos el poder de proponer o retirar profesorado de Religión». Es por eso que se mostraba esperanzado por no haber sido despedido pese a haber puesto su cargo a disposición del obispo al finalizar el curso escolar durante el cual contrajo matrimonio (en 2012). «Daba por hecho que sería despedido, pero mi contrato laboral sigue renovándose curso tras curso. O bien el obispo de Canarias no da suficiente importancia al asunto, o bien está dando un nuevo enfoque al tema en su jurisdicción. En ambos casos es buena noticia», exponía.

Pues bien, ninguna de las dos cosas. Pese a que la Consejería de Educación de Canarias lo había ratificado ya en su puesto de profesor para el nuevo curso, después de 15 años de trabajo sin tacha Luis Alberto González ha recibido la notificación del obispado que le retira la idoneidad como profesor de Religión «por motivos de doctrina y moral y al amparo del derecho canónico». Algo que él esperaba y que acepta con cristiana resignación. «Claro que lo reconozco y por ello pido que me rescindan de manera justificada y tener derecho a la prestación por desempleo. Ya me buscaré las castañas», ha declarado.

Profesores pagados por el estado y despedidos por la Iglesia

La situación de los docentes LGTB vinculados de una u otra forma a la Iglesia católica es ciertamente vulnerable. En los últimos meses, por ejemplo, nos han llegado varios casos de docentes LGTB casados o comprometidos en relaciones de pareja despedidos de centros católicos de Estados Unidos, que han alentado la discusión en ese país sobre hasta qué punto la Iglesia católica puede romper vínculos laborales con aquellos profesores que no se comportan en sus vidas de acuerdo a su doctrina oficial (que considera la homosexualidad una «inclinación objetivamente desordenada» y obliga a las personas homosexuales a la castidad).

En el caso que nos ocupa, sin embargo, hablamos de un profesor que imparte clase en centros públicos y cuyo sueldo lo paga el Estado. Dejando de lado el anacronismo que supone que los centros educativos públicos sigan impartiendo clase de Religión (que de hecho ha recuperado peso académico en la última reforma educativa), resulta poco comprensible que en estos casos sea la Iglesia católica la que decide sobre contrataciones y despidos.

FELGTB: «intolerable que se use dinero público para discriminar»

En este sentido, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido esta misma mañana un comunicado sobre el caso, que considera «intolerable».

La FELGTB, a la que el propio Luis Alberto González envió la carta que El País le publicó para compartir su alegría, ve «injustificable» que la escuela pública «contrate o expulse a un profesor siguiendo los criterios morales de una entidad». «Este pacto entre la Iglesia católica y el Estado es vergonzoso. Las escuelas son espacios de formación, no de adoctrinamiento”, ha declarado su secretario general, Jesús Generelo.

El Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB, por su parte, se ha puesto a disposición del afectado «y reclama un estado laico que le ponga freno al poder de una jerarquía católica ajena a la realidad de las y los creyentes de base».

ACTUALIZACIÓN (23:00 horas): el Gobierno canario considera fuera de plazo la retirada de la idoneidad

Según informa El Plural, el Gobierno canario (fruto de un acuerdo de coalición entre Coalición Canaria y PSOE) ha terciado en la polémica asegurando que la retirada de la idoneidad a Luis Alberto González se ha producido fuera de plazo, por lo que el profesor podría seguir en las listas de la Consejería de Educación para el próximo curso.

Es más, la viceconsejera Manuela Armas ha asegurado que al docente «le amparan la Constitución y las leyes» y que «desde la Consejería no vamos a avalar ningún tipo de discriminación. Estamos a la espera del dictamen de los servicios jurídicos del Gobierno». “A final de mes se sabrá qué pasa”, ha añadido.

Habrá que ver qué sucede finalmente, pero lo cierto es que los vigentes acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado español, que datan de finales de los setenta y que ni PP ni PSOE han querido derogar cuando han gobernado, otorga a la Iglesia católica la facultad de elegir cada año a los profesores de Religión de los centros públicos.