El Tribunal Constitucional de Uganda anula su infame ley homófoba escudándose en un defecto procedimental

Buena noticia la que conocíamos este 1 de agosto. El Tribunal Constitucional de Uganda ha anulado la ley aprobada en diciembre por el Parlamento de ese país en que endurece el trato penal a las personas homosexuales, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua, y castiga además a las personas y organizaciones que les presten ayuda o soporte. La decisión, adoptada por unanimidad, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión y se limita a considerar que la votación del texto por el Parlamento no se ajustó a las normas procedimentales.

El Tribunal Constitucional de Uganda, ante el que los activistas LGTB recurrieron en marzo, considera nula la ley porque cuando fue votada por el pleno del Parlamento ugandés este no disponía del quórum necesario (la Constitución ugandesa obliga a que cuando se vota una ley estén presentes al menos un tercio de los diputados electos, proporción que no se alcanzó entonces). Una circunstancia formal a la que, entre otros argumentos de fondo, se agarraban los contrarios a la ley. La decisión del Constitucional, conviene precisar, no supone la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Pese a todo la noticia ha sido recibida con entusiasmo por los defensores de los derechos humanos en Uganda y muy especialmente por los activistas LGTB que habían recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional. «Soy oficialmente legal», tuiteaba Frank Mugisha, director de Sexual Minorities Uganda, nada más conocer la noticia. «Ya no soy una criminal. Hoy hemos hecho historia», declaraba también en su perfil de Twitter Kasha Nabagesera, de la organización Freedom and Roam Uganda. No es de extrañar esta alegría. La noticia supone, incluso en el peor de los casos, un importante alivio temporal: los partidarios de la ley pueden volver a proponerla, pero deberá procederse a la tramitación parlamentaria completa. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que desde que en 2009 se propuso endurecer la legislación contra los homosexuales hasta que la ley fue aprobada pasaron casi cinco años.

Por otra parte, el marco jurídico es muy distinto: una cosa es que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estén tipificadas en el Código Penal ugandés, como ya sucedía antes, y otra que se criminalice la propia realidad homosexual, se persiga a aquellas personas que hacen activismo o que simplemente ayudan o dan soporte a personas homosexuales bajo la acusación de «promover la homosexualidad» e incluso que los ciudadanos que simplemente conozcan la existencia de una relación homosexual estén obligados a denunciarla.

Alivio para Museveni en vísperas de su encuentro con Obama

No lo expresará públicamente, pero de lo que pocos observadores dudan es de que la noticia habrá sido recibida con alivio por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba.

Una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le ha traído más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior, y que lastraba su próxima visita a Washington, prevista para dentro de unos días con motivo de la primera cumbre África-Estados Unidos.

Temor a represalias por parte de los homófobos

Como era de esperar, la noticia ha sido recibida con indignación por los defensores de la ley. Es el caso del pastor evangélico Martin Ssempa, uno de los propagadores del odio homófobo más conocidos del país, que de hecho ha acusado al presidente Museveni de estar detrás de la decisión del Constitucional y ha pedido al Parlamento que investigue si se ha vulnerado la independencia judicial.

El principal promotor de la ley, el diputado David Bahati (bien conectado por cierto con la derecha religiosa estadounidense) confía por su parte en que el fiscal general de Uganda apelará la sentencia y en que al final «la moral del pueblo de Uganda prevalecerá».

Una indignación que los activistas LGTB temen que se pueda trasladar los próximos días a las calles en forma de pogromo contra las personas homosexuales, como ya ha advertido Kasha Nabagesera. No sería de extrañar, teniendo en cuenta el clima de odio desatado en Uganda desde la entrada en vigor de la ley ahora anulada, periodo durante el cual se han producido decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.