Uganda: movilización parlamentaria para volver a votar la ley homófoba tras su anulación por el Tribunal Constitucional

Poco tiempo ha durado la tranquilidad para los ciudadanos LGTB de Uganda y los que los apoyan. Apenas unos días tras la sentencia del Constitucional que anulaba la infame ley que endurece el trato penal a las personas homosexuales, un grupo de legisladores se ha puesto en marcha para reactivar la medida homófoba en el Parlamento. Y ello en un clima de renovada virulencia contra gays y lesbianas.

La decisión del alto tribunal ugandés, ante el que los activistas LGTB recurrieron en marzo, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y se limitó a considerar que en la votación del texto por el pleno del Parlamento ugandés, este no disponía del quórum necesario (la Constitución ugandesa obliga a que cuando se vota una ley estén presentes al menos un tercio de los diputados electos, proporción que no se alcanzó entonces). El fallo, conviene precisar, no supuso la despenalización de las relaciones homosexuales en Uganda, ya ilegales en el marco jurídico anterior.

Nada más conocerse la sentencia, un grupo de representantes comenzó a organizarse para forzar una nueva votación de la ley homófoba en el Parlamento en el menor tiempo posible. Unos 100 legisladores, liderados por Latif Ssebaggala, han firmado su disposición a votar a favor si se vuelve a debatir la norma en el pleno. Ssebaggala la ha calificado de “prioridad nacional” y se ha mostrado confiado en que el tema pueda ser abordado de nuevo en cuestión de semanas, tras el periodo vacacional. Su colega el representante Medard Bitekyerezo prevé una votación a mano alzada en la que “sepamos quién es un homosexual y quién no”.

Sin embargo, los homófobos podrían no tenerlo tan fácil como podría parecer. A pesar del llamamiento de Ssebaggala a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga para que permita una rápida repetición de la votación, la ley debería someterse a una nueva tramitación completa para no correr el riesgo de volver a ser impugnada ante el Constitucional por fallo de tramitación. Esta es, de hecho, la posición del principal promotor de la ley, el diputado David Bahati (bien conectado, por cierto, con la derecha religiosa estadounidense), que ha afirmado que “toda ley será aprobada de acuerdo con el procedimiento” establecido.

Si efectivamente empieza una nueva discusión del asunto, sería muy fácil para el presidente Yoweri Museveni (que amagó en su momento con vetar la ley aunque al final optó por sumarse a la corriente homófoba) detener el proceso por medio del ministerio de Hacienda, que en este caso solo tendría que emitir un dictamen negativo de impacto fiscal para que el proyecto no prosperara. Museveni se ahorraría así más complicaciones con los países donantes de ayuda al desarrollo, entre ellos Estados Unidos, donde por cierto ha sido recibido esta semana por el presidente Barack Obama. De ser así, habrían surtido efecto tanto las sanciones económicas como las diplomáticas (denegación del visado a los ugandeses responsables de abusos contra los derechos humanos).

Temor a ataques homófobos masivos

Pero aunque la draconiana ley entrara en vía muerta, los ciudadanos LGTB de Uganda seguirán sin poder respirar aliviados. Desde que se conoció la sentencia del Constitucional se habrían multiplicado las diatribas homófobas desde los púlpitos y las redes sociales, con llamamientos al “exterminio” de gays y lesbianas. Los activistas LGTB del país temen una escalada de violencia similar a la desatada tras la aprobación de la ley homófoba y señalan los discursos de incitación al odio como su principal preocupación en este momento.