Duran i Lleida expresa su malestar por la ley catalana contra la homofobia y la transfobia en un escrito insultante hacia los colectivos LGTB

Josep Antoni Duran i Lleida, el presidente de Unió Democràtica de Catalunya (el pilar democristiano de la federación Convergència i Unió) es considerado en ámbitos políticos y mediáticos madrileños el máximo representante del nacionalismo catalán «moderado y con sentido de estado». Además es un homófobo recalcitrante. Ya lo había demostrado antes, como cuando defendió la derogación del matrimonio igualitario utilizando mentiras o cuando defendió las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, pero ahora ha venido a refrendarlo con sus ataques a la ejemplar ley contra la homofobia y la transfobia que el Parlamento catalán tiene previsto aprobar la próxima semana.

Ha sido en la carta semanal que el presidente de UDC dirige todas las semanas a los simpatizantes de su partido, supuestamente dirigida a ensalzar a CiU como «la única fuerza que compromete a independentistas y no independentistas en la defensa del derecho a decidir». Pero lo que pretendía ser un texto que justificara su no independentismo pero su posición favorable a la convocatoria de una consulta sobre el tema en Cataluña acabó convertida básicamente en un compendio de los peores argumentos homófobos y tránsfobos al insistir en el carácter diferencial de Unió respecto a sus socios de Convergencia (hemos resaltado algunas de las frases más abiertamente LGTBfobas):

«(…)

Y hablando de las especificidades de Unió: la próxima semana tendrá lugar el debate de la proposición de ley de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Creo que la iniciativa legislativa tiene más de promoción que de no discriminación. También pienso que Unió hubiera debido presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo y plantear una proposición de ley integral para la igualdad integral y la no discriminación. No lo hicimos, y a mi entender fue un error del que asumo la máxima responsabilidad. Se debe luchar contra la discriminación de toda persona y de su dignidad, pero los datos revelan que hay colectivos mucho más discriminados y que no merecen la atención del legislativo. Por ejemplo, el Obervatorio contra la Homofobia registró 384 actos discriminatorios contra personas incluidas en el objeto de protección de la ley, incorporando como actos discriminatorios declaraciones de dirigentes políticos contra la adopción por parejas homosexuales. En cambio, solo una de las muchas entidades que velan por la no discriminación por motivos de raza, como SOS Racismo, atendió a 443 personas por razón de discriminación. Esto sin olvidar que se ha creado una fiscalía especial para actuar en los casos de discriminación de los LGTB, y digamos que tuvieron que cerrarla por falta de denuncias. Por no decir que hoy hay leyes suficientes que tipifican como delito la actividad discriminatoria contra estos colectivos.

Unió defenderá que el gobierno de la Generalitat presente, tal y como se comprometió el presidente Mas, un proyecto de ley integral cuanto antes mejor, es decir, para todos, a los efectos de que no parezcan unos colectivos más privilegiados que otros. Pero mientras tanto Unió no puede compartir y aceptar algunos de los aspectos de este proyecto de ley. La parte sancionadora debe ser eliminada por completo, por dos razones: porque ya hay leyes que la prevén, y  porque, tal y como están previstas en el proyecto catalán, pueden afectar injustamente a muchas personas que -aunque respetando la dignidad de todo ser humano- expresen opiniones que no tienen por qué coincidir con las aspiraciones de los colectivos impulsores de la futura normativa. La iniciativa invertía la carga de la prueba -ahora esto se ha corregido básicamente- y se cargaba el principio de inocencia. La proposición de ley introduce también contenidos inaceptables para nosotros en el ámbito educativo a partir del respeto al ideario de los centros escolares, como lo hace respecto a la familia, por no hablar de lo que yo llamo ‘chiringuitos’ y que la propuesta define como principio orientador de los poderes públicos: el de ‘establecer medidas de fomento de las entidades que trabajan para hacer efectivos los derechos y la no discriminación de las personas’. ¿Acaso hay una ley que diga que se deben fomentar entidades como SOS Racismo o cualquier entidad que defienda la dignidad del pueblo gitano? En definitiva: esta es una iniciativa que a mi parecer, como ya he dicho, necesitaba una enmienda a la totalidad  y una ley integral para no discriminar a ningún colectivo, y no solo el LGTB. Una enmienda a la totalidad que ya no podremos hacer, y lo siento. A veces, los complejos y las presiones de colectivos potentes y bien organizados acaban imponiéndose (…)»

En definitiva, Duran i Lleida expresa su rabia por el hecho, no solo de que el Parlamento catalán apruebe una ley contra la LGTBfobia, sino sobre todo porque contemple un apartado sancionador que en buena parte es el que le da valor. Quizá Duran sí hubiera dado su visto bueno a una ley descafeinada, al estilo de la aprobada hace pocos meses en Galicia, donde un PP con mayoría absoluta puso como condición para permitir su aprobación la eliminación del apartado sancionador.

Más allá de su tono faltón hacia las organizaciones de defensa de los derechos LGTB («chiringuitos», los llama), lo que resulta especialmente despreciable es el empeño de Duran en escudarse en otros colectivos discriminados y su alusión a organizaciones tan respetables como SOS Racismo, como si ello invalidara la necesidad de una protección específica a las personas LGTB. Conviene recordar en cualquier caso que, según el Ministerio de Interior, la mayoría de los delitos por odio cometidos en España lo fueron por homofobia y transfobia, tanto en 2013 como en los primeros meses se 2014, y que todos los expertos en la materia resaltan que en estos casos las denuncias presentadas son solo la punta del iceberg (según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre el 60 y el 90 % de los casos no se denuncian, bien por vergüenza, porque las víctimas piensan que no va a servir de nada, o por las dos cosas).

Por lo que se refiere a los datos del Observatorio contra la Homofobia sobre Cataluña en 2013 (la fuente que menciona Duran en su carta, y que puedes descargar íntegramente aquí), los hechos son indiscutibles: de las 384 denuncias, el 41 % lo fueron por agresiones y discriminación en la calle y lugares públicos y por exaltación de la homofobia, el 25 % por agresiones y discriminación en los servicios públicos, el 17 % en el ámbito laboral, el 9 % en redes sociales, el 5 % en vivienda y un 3 % en otros contextos.

El propio Observatorio contra la Homofobia, por cierto, ha lamentado las palabras de Duran, que directamente ha considerado «un episodio más en la constante trayectoria de este político contrario a la consecución de derechos» por el colectivo LGTB.