Las familias de menores trans de Andalucía urgen la aplicación del protocolo de actuación en los colegios e institutos

“No se puede dejar solo al alumnado frente a problemas de integración, discriminación y rechazo”. Así se expresaba Luciano Alonso, consejero andaluz de Educación, cuando presentaba el pasado mes de junio el protocolo de actuación para menores transexuales que deberán seguir los colegios e institutos financiados con fondos públicos. En este sentido, más de 30 familias andaluzas, con hijos transexuales que no han alcanzado la mayoría de edad, se han reunido este fin de semana en Sevilla. El objeto de la cita ha sido analizar el nuevo contexto legal, tras la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad, y manifestar la necesidad de apremiar la aprobación de la orden que obligue al cumplimiento del citado protocolo de actuación en todos los centros públicos y concertados de las diferentes etapas educativas de la comunidad autónoma.

El verano comenzó con buenas noticias para el colectivo LGTB de Andalucía, ya que el Parlamento regional aprobaba la proposición de ley para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA. Una relevante noticia en materia de igualdad y de derechos, fruto del esfuerzo y de la lucha del activismo de las organizaciones trans andaluzas. Solo unos días después de la aprobación de la ley, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, anunciaba el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz.

Como explicábamos en dosmanzanas, la finalidad del protocolo es poder establecer las oportunas orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual, así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. La norma, entre otros aspectos, recoge la necesidad de que el centro acuerde con la familia el nombre con el que dirigirse al alumno, además de respetar su libre elección de la indumentaria y el uso de los aseos en función de su identidad.

Por todo ello, ahora que se acaba el verano y comienza un nuevo curso escolar, ATA Sylvia Rivera (Asociación de Transexuales de Andalucía) y la organización Chrysallis Andalucía, han celebrado una reunión en Sevilla, con más de 30 familias con menores trans, para exigirle a la Junta que acelere la tramitación de la orden para que el protocolo de actuación pueda empezar a aplicarse cuanto antes. Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera, ha expresado sobre esto que “el libre desarrollo de la personalidad  y el respeto a la identidad de género de los menores trans, no pueden depender de la ‘gracia’ y la ‘voluntad’ de los centros educativos”. Por este motivo se justifica la “urgente la aprobación de la Orden que  obligue a su cumplimiento y convierta  el carácter ‘graciable’ que actualmente presenta este protocolo en un ‘derecho’ para todos  los menores trans de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta de Chrysallis Andalucía, Pilar Sánchez, se ha lamentado de que el protocolo no esté ya vigente, porque este hecho ha provocado “algunos problemas de desinformación a nivel de Centros y de toda la comunidad educativa” que, además, está generando “un gran desgaste  para estas familias”. En el encuentro entre familias y entidades LGTB también han partidipado la diputada de Izquierda Unida Alba Doblas, miembro de la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, y Juan Gavilán, antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga.

Impedir casos como el de la niña discriminada en Málaga

La ley integral de transexualidad en Andalucía es la tercera de estas características que se aprueba en España, tras las de Navarra y Euskadi, aunque es sin duda el marco legislativo más amplio y ambicioso que se desarrolla en una cámara autonómica, a falta de una norma de carácter estatal que garantice la igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su territorio de origen o de residencia.

Meses antes de la probación de la ley andaluza y del anuncio por parte de la Junta del protocolo de actuación en los colegios e institutos públicos y concertados, asistimos a lamentables sucesos tránsfobos como el de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género. La familia de Gabi deció llevar el caso ante los tribunales, basándose en que el centro ignoró los informes y “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente”. El colegio, además, se jactó de que, con independencia de cualquier informe, “nunca trataría a la menor de manera acorde a su condición femenina”.