Varios alcaldes italianos, entre ellos los de Bolonia y Nápoles, ordenan inscribir matrimonios homosexuales celebrados fuera

Tres parejas italianas del mismo sexo han podido ya inscribir su matrimonio en Bolonia, cuyo alcalde, Virginio Merola, firmaba hace pocas semanas la orden que insta al registro civil de la ciudad a que a partir de este lunes 15 de septiembre inscriba los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países en los que son legales. Bolonia se suma así a otras ciudades italianas como Fano o Nápoles y vuelve a poner de manifiesto la cada vez más incomprensible situación de Italia, que sigue sin aprobar ningún tipo de reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

Italia es de hecho el único estado de Europa occidental que sigue sin reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, más allá de algunas regulaciones municipales de escaso alcance. Es por eso que las parejas del mismo sexo de ese país siguen a merced de lo que los tribunales de justicia decidan. En abril de este año, por ejemplo, un tribunal de Grosseto ordenaba inscribir en el registro civil de la ciudad el matrimonio de una pareja gay italiana casada en Nueva York en 2012, en virtud de una sentencia previa de la Corte de Casación que reconoció a otra pareja gay, en este caso casada en Holanda, su “derecho a una vida familiar”, a “vivir libremente una condición de pareja” y a beneficiarse de un “trato homogéneo al que la ley asegura a la pareja casada” (noticia que recogimos en 2012).

Y en junio era la Corte Constitucional italiana la que, en respuesta al recurso de Alessandra Bernaroli (una mujer transexual), declaraba inconstitucional la normativa que obliga a disolver un matrimonio cuando uno de los cónyuges es reconocido como de sexo contrario al que tenía legalmente cuando contrajo dicho matrimonio. Una sentencia que, más allá de su interpretación jurídica, invitaba de forma bastante explícita al Parlamento italiano a que regulase la situación de las parejas del mismo sexo.

Es en este contexto en el que varias ciudades italianas han comenzado en los últimos meses a inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países (en Italia los registros civiles dependen de la administración local). Es el caso de Fano, a iniciativa del que ya es su exalcalde, Stefano Aguzzi (que estaba por cierto al frente de una coalición de centro-derecha); de Nápoles, por decisión del alcalde Luigi de Magistris (del Movimiento Naranja, una formación de centro-izquierda; de Reggio Emilia, cuyo consejo municipal -con mayoría del centro-izquierda- aprobó hace pocos días la propuesta presentada por la concejala Luisa Lucenti (de Izquierda Ecología Libertad, SEL) o de Empoli, cuya alcaldesa Brenda Barnini (Partido Democrático, PD) ha aprobado esta misma semana la orden que lo hace posible. En Reggio Emilia, por cierto, fue donde en 2012 un tribunal de justicia ya reconoció a un ciudadano no comunitario casado en España con un ciudadano italiano el derecho a residir en Italia.

En el caso de Bolonia, aunque la orden fue firmada por Virginio Merola (PD) en julio, no ha sido hasta ahora cuando ha entrado en vigor, permitiendo el registro de sus primeros tres matrimonios, entre ellos el del expresidente de Arcigay y actual senador Sergio Lo Giudice. Y todo apunta a que no será la última ciudad en sumarse: el alcalde de Roma, Ignazio Marino, ya ha expresado su voluntad de llevar el tema ante la asamblea capitolina.

¿Cuál es el valor real de estas inscripciones? Está por ver su alcance jurídico (el prefecto de Bolonia, una especie de delegado del gobierno, ya ha advertido que el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo en esa ciudad puede considerarse un acto nulo, al no estar contemplados estos en el ordenamiento jurídico italiano) pero de lo que no cabe duda es de que suponen una llamada de atención al Parlamento italiano. Una cámara que se ha mostrado incapaz de aprobar ni siquiera una ley de uniones civiles largamente prometida por el primer ministro Matteo Renzi pero que este, ante la indignación de los colectivos LGTB italianos, supeditó al principio del verano a la aprobación de una serie de reformas políticas y que tras la vuelta de las vacaciones ha excluido de sus prioridades al considerarlo en todo caso una promesa a cumplir a lo largo de sus próximos «1000 días» de gobierno.