El gobierno de Rajoy amenaza ahora con llevar al Constitucional la ley integral de transexualidad de Andalucía

Sea en la oposición, sea en el gobierno, parece que el PP de Mariano Rajoy sigue empeñado en utilizar la Constitución Española como arma arrojadiza contra el autogobierno de las comunidades y contra los derechos de las personas LGTB. En esta ocasión, con motivo de la avanzada ley integral de transexualidad aprobada en junio por el Parlamento andaluz, que el gobierno central amenaza con llevar ante el Tribunal Constitucional pese a haber sido aprobada por unanimidad (también con los votos del PP andaluz).

Gobierno central y Junta de Andalucía han decidido poner en marcha un grupo de trabajo que proponga soluciones a las reticencias expresadas por el primero sobre varios artículos básicos de la ley, en concreto los 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4, que regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la identidad de género manifestada, el reconocimiento del derecho de los menores a utilizar libremente el nombre que hayan elegido o la inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias de los tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad.

El grupo de trabajo debe ahora comunicar el acuerdo al Constitucional para que, como permite la ley en estos casos, amplíe de tres a nueve meses el plazo que tiene el gobierno para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, así como proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía una solución que evite el recurso.

El secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha asegurado sin embargo que la Junta no va a cambiar de posición sobre la ley. Cornejo ha asegurado que la creación de este grupo de trabajo «no deja de ser algo ordinario» siempre que el gobierno central plantea la posibilidad de un recurso al Constitucional. «La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios», ha reiterado. El PSOE, recordamos, gobierna Andalucía en coalición con IULV-CA.

Una ley modélica…

La ley andaluza de transexualidad es un texto modélico, sin duda el más ambicioso de los que se han aprobado en España en esta materia, al recoger sin matices el principio del derecho a la libre autodeterminación de género. La ley permite a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo.

El texto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo.

…y un Tribunal Constitucional en manos conservadoras

La noticia, sin embargo, no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta que a raíz de sus últimas renovaciones el Tribunal Constitucional está controlado por una mayoría conservadora afín al gobierno del PP que no ha dudado, por poner un ejemplo referido específicamente a los derechos LGTB, en sentenciar que la discriminación en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio (por estar prohibido) es plenamente constitucional.

Confiemos en que la Junta de Andalucía no ceda y en que finalmente el gobierno central desista de su propósito de plantear otro nuevo recurso para limitar derechos de ciudadanía cuya conquista tanto trabajo ha costado.