Tras años de discusiones, Chile aprueba definitivamente una avanzada ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo

Cuatro años después de que diera comienzo la tramitación del actual proyecto, y once años después de que por primera vez se planteara la posibilidad, el Parlamento de Chile ha aprobado definitivamente el Acuerdo de Unión Civil, una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo y de distinto sexo. El texto definitivo -incluyendo el nombre definitivo con el que se conocerá la institución- no se ha conocido hasta estos últimos días, después de que una comisión mixta Cámara de Diputados-Senado resolviera las divergencias existentes entre los textos ya aprobados por amabas cámaras. Día histórico, sin duda, para los derechos LGTB en Chile.

Finalmente el Acuerdo de Unión Civil (tercer y definitivo nombre de la institución, tras «Acuerdo de Vida en Pareja» y «Pacto de Unión Civil») ha sido aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones (en el Senado) y 78 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (en la Cámara de Diputados). El texto reconoce a las parejas unidas civilmente una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas (en materia patrimonial, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico) y contempla la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. En este sentido, se igualan jurídicamente las posibilidades a la de los ascendientes (será el juez el que deberá decidir en función de los intereses del menor).

Otro dato interesante es que, a la espera de que Chile disponga en el futuro de matrimonio igualitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero serán reconocidos como uniones civiles.

La redacción final, algo diferente por tanto a la previamente aprobada por el Senado en el mes de octubre y por la Cámara de Diputados la semana pasada, satisface a los activistas LGTB que llevaban años esperando este día. «Son once años de trabajo por una legislación que reconozca a las parejas de hecho. Los heterosexuales, que por el hecho de no querer casarse fueron estigmatizadas a lo largo de nuestra historia y las homoparentales, de gais y lesbianas, porque no tenían ningún reconocimiento ni validez para la sociedad chilena. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad y de democracia con las familias diversas», declaraba Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

«Hoy pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico, pasamos a ser no sólo sujetos de deberes, sino también de derechos», expresaba por su parte Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, que sin embargo lamenta el retraso en aprobar el proyecto. «Nos preocupa que estás discusiones se tomen tanto tiempo. Esta es una discusión de la dedada pasada, es una batalla cultural ya ganada y que sentimos que deberíamos estar discutiendo el matrimonio igualitario como en Argentina y Uruguay”, matizaba.

Se trata de un proyecto, recordemos, cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior (fue una promesa del expresidente Sebastián Piñera) y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha vuelto a sufrir retrasos y el trámite parlamentario ha resultado especialmente laborioso (no han faltado bochornosas escenas de violencia protagonizadas por el homófobo pastor evangélico Javier Soto). Finalmente la razón se ha impuesto y el proyecto ha sido aprobado. Será ley en cuanto la presidenta, Michelle Bachelet, la promulgue, lo que se estima inminente.

La lucha por el matrimonio igualitario continuará

La aprobación del Acuerdo de Unión Civil no supone que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

Ya en diciembre daba sus primeros pasos una iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado.

Todo este movimiento se da además en paralelo a la demanda contra Chile presentada en 2012 por el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que informamos en su momento, y que es una patata caliente en manos del actual gobierno.