La administración de Puerto Rico deja de defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario

El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha anunciado que no seguirá defendiendo ante los tribunales la prohibición del matrimonio igualitario vigente en sus leyes. Así lo ha argumentado en un alegato presentado ante la Corte de Apelaciones del 1º Circuito estadounidense, donde se tendrá que dirimir el recurso presentado contra la sentencia del juez Juan M. Pérez-Giménez, que ratificaba la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo con una argumentación rebosante de polémica. La administración portorriqueña estima que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de aceptar deliberar sobre las sentencias negativas al matrimonio igualitario anula su principal argumentación, que se basa en la falta de sustento federal del caso. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, defiende esta decisión al estimar que «a los líderes políticos no nos toca imponer nuestros credos. Nos toca adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana. Como gobernador de Puerto Rico, ese es mi deber».

El pasado 21 de octubre, el juez federal Juan M. Pérez-Giménez resolvía desfavorablemente la demanda presentada por la pareja formada por Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, en la que solicitaban que la administración de Puerto Rico reconociese el matrimonio que ambas habían contraído en Massachusetts en 2004. El Código Civil de la isla, modificado a este respecto en 1999, establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer e impide reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones. Sin embargo, las demandantes fundamentaban su denuncia en la vulneración de sus derechos constitucionales, entre ellos el de igual protección, recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Como Estado Libre Asociado, el ordenamiento judicial de Puerto Rico depende en estos asuntos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y su circuito de tribunales federales.

El juez Pérez-Giménez, sin embargo, dictaminó que el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo no está amparado por la Constitución estadounidense. Curiosamente, no se refería al derecho de las parejas del mismo sexo a acceder a la misma institución del matrimonio que las parejas de distinto sexo, sino a la constitucionalidad del derecho al “matrimonio del mismo sexo”, figura legal completamente inexistente y que nadie reclama. En su sentencia, de compleja y alambicada redacción, el juez llegaba a hacer mofa del grueso de sentencias favorables al matrimonio igualitario que han dictado tribunales federales, que mayoritariamente han sido ratificadas por las Cortes de Apelaciones.

El equipo jurídico de Lambda Legal, que representa a las demandantes, recurrió la sentencia del juez Pérez-Giménez, que calificó de “aberrante”, ante la Corte de Apelaciones del 1er Circuito, de la que depende el tribunal federal de Puerto Rico. Este tribunal no había tenido hasta ahora oportunidad de dirimir sobre la cuestión del matrimonio igualitario, porque el resto de los estados de su jurisdicción, Maine, Massachusetts, New Hampshire y Rhode Island ha sido aprobado por decisión de sus Cortes Supremas, sus Parlamentos o mediante referéndum.

La Fiscalía renuncia a defender la discriminación LGTB

Pero el pasado 20 de marzo, la Fiscalía de Puerto Rico presentaba un alegato ante la Corte de Apelaciones, en el que informaba de que declinaría seguir defendiendo la legislación contraria al matrimonio igualitario vigente en la legislación portorriqueña. El equipo legal de la Fiscalía pretendía defender esta prohibición en base al dictamen del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Baker v. Nelson de 1972. Se trata de una apelación contra una sentencia de la Corte Suprema de Minnesota, que había fallado a favor del derecho de los legisladores a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo desestimó la apelación por no encontrar que hubiera “una cuestión federal sustancial”.

Sin embargo, la Fiscalía reconoce que el hecho de que el Tribunal Supremo anunciara en enero que considerará en este primer semestre de sesiones las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee ha invalidado completamente esa argumentación. En el escrito, además, declara que “en la medida en que la ley de este territorio autónomo no otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos y beneficios que disfrutan las parejas heterosexuales, este territorio autónomo reconoce que el mandato que garantiza la aplicación de la igual protección y el debido proceso debe experimentar un escrutinio más riguroso en este caso. En virtud de esta alta norma, este territorio autónomo no puede promover responsablemente ante este tribunal ningún argumento lo suficientemente importante o de peso para justificar el trato diferenciado que ofrece hasta ahora a la parte demandante”.

Es decir, la Fiscalía reconoce que la discriminación hacia las parejas del mismo sexo no tiene ninguna defensa legal. A pesar de ello, en el mismo escrito ha solicitado que la Corte de Apelaciones posponga el calendario de presentación de los argumentos orales hasta después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya dictaminado sobre la cuestión del matrimonio igualitario, dictamen que se espera para finales del mes de junio. Eso significa que, a pesar del reconocimiento de la injusticia que supone la situación legal de las parejas LGTB de Puerto Rico, la administración no actuará al respecto hasta que decidan los tribunales.

Reacciones positivas a la medida

El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, informaba de la nueva postura de la administración portorriqueña respecto al matrimonio igualitario fundamentándola en que “creemos en una sociedad con valores arraigados en la igualdad, la justicia y el bienestar de los demás, pues uno de los principios básicos de nuestra democracia es que todos los ciudadanos tengamos un trato igual frente a la ley. Creemos en una sociedad equitativa en la que todos y todas gocemos de los mismos derechos y en donde se nos valore por nuestra calidad y dignidad como seres humanos, independientemente de nuestra raza, color, sexo, credo religioso, orientación sexual, nacimiento, origen o condición social”,

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que en su día defendió la sentencia homófoba del juez Pérez-Giménez, ahora defendía públicamente la decisión de su administración con el siguiente comunicado:

En el día de hoy, el Departamento de Justicia anunció la posición que habrá de presentarle al Tribunal Apelativo federal en Boston en el pleito de Ada Conde, et. al. v. Ana Ríus, et. al. El Pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo.

En ausencia de otro mecanismo legal validado por los tribunales para reconocerles a estas parejas los mismos derechos que a las uniones heterosexuales, la posición de Justicia es la única alternativa que tiene el ELA para asegurar la igualdad de todos sus ciudadanos ante la ley. Todos conocen mis creencias religiosas pero a los líderes políticos no nos toca imponer nuestros credos. Nos toca adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana. Como gobernador de Puerto Rico, ese es mi deber.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bathia, era también contundente en su valoración positiva: “Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos. Como he dicho anteriormente, es momento de seguir librando la batalla en contra del discrimen y la exclusión y de luchar porque se reconozca la igualdad de todas las personas a expresar su amor y compromiso de vida. Espero que esta declaración y la nueva posición del Ejecutivo ayude al Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, MA a revocar la determinación del Juez Pérez Giménez en la Corte Federal de Distrito en San Juan. Hay que hacer honor a nuestra Constitución que dicta que ‘todos somos iguales ante la Ley’. Todos es todos. La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado por todos”.

Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico».

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Quien daba ya esa victoria por cumplida era el conocido cantante portorriqueño Ricky Martin, abiertamente gay, que desbordaba de satisfacción con el siguiente tweet: “Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico”.

Reacciones desfavorables

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.

También ha expresado su disgusto el obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres, para quien “la naturaleza no cambia. No se puede reclamar trato igual a lo que por naturaleza no es igual”. El jerarca católico ponía como ejemplo de la repercusión que puede tener la aprobación del matrimonio igualitario el que en Boston se considere legal que a los niños se les eduque desde el jardín de infancia en la aceptación de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Según el obispo, la educación en la tolerancia y el respeto demuestra  que “no es lo mismo el efecto de las decisiones de las personas sobre su vida privada que el efecto público de llamar matrimonio a lo que por naturaleza no lo es. Es lamentable que se hayan traicionado de este modo lo valores fundamentales de nuestro pueblo y el futuro de nuestro país”.