La Asamblea de Extremadura aprueba por unanimidad una avanzada ley contra la discriminación de las personas LGTBI

La Asamblea de Extremadura ha aprobado con la unanimidad de todos sus grupos políticos la «Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género» (cuyo texto puedes descargar aquí), promovida por el Partido Popular (que gobierna Extremadura sin mayoría absoluta) y consensuada con el resto de grupos de la cámara y con los colectivos LGTB extremeños. Un buen ejemplo de que es posible avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos LGTB por encima de otras diferencias políticas, y que ojalá marque al PP un rumbo diferente al seguido hasta ahora en el resto del país, donde su mayorías absolutas han frenado la aprobación de leyes en este sentido.

Como adelantamos en enero, cuando el grupo popular registró la propuesta en el Parlamento regional, se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad. El texto consagra la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar y recoge la gran mayoría de las demandas del activismo en el marco de la comunidad autónoma de Extremadura, entre ellas la creación de un observatorio regional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.

En el terreno de la asistencia sanitaria, por ejemplo, la ley establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. El proyecto también recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La ley recoge medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros, y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace meses despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo, y que finalmente ha quedado perfectamente aclarado.

Incluye un capítulo sancionador

Respecto a las denuncias por discriminación, la ley introduce el principio de inversión de carga de la prueba (artículo 43): “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye además un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Las infracciones más graves, en este sentido, podrán se sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad autónoma por un periodo de hasta dos años: la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y la prohibición de contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos también por un periodo de hasta dos años.

Reconocimiento a la memoria histórica

Entre las enmiendas aprobadas durante su trámite parlamentario, los grupos de la oposición han sumado sus votos para incluir el reconocimiento a la memoria histórica del colectivo, duramente represaliado durante décadas, muy especialmente durante los años del franquismo. En este sentido, destaca la creación (artículo 29) del Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI de Extremadura.

Especialmente emotivas fueron en este sentido las palabras pronunciadas durante su última intervención como parlamentario de Víctor Casco, diputado de Izquierda Unida y abiertamente gay (a quien hace ahora un año entrevistábamos en dosmanzanas), quien recordó a todas aquellas personas que se vieron obligadas a marcharse de Extremadura, como Encarna y Paulina, una pareja de mujeres que abandonaron la región hace cuarenta años y que se encontraban presentes en la tribuna de invitados, junto a otros representantes del colectivo.

Alegría de los colectivos

Los activistas de Fundación Triángulo Extremadura, como no podía ser de otra forma, no cabían en sí de gozo. «Aprobada por unanimidad, que no es algo irrelevante, la Ley LGBTI extremeña, muy grande, ha sido algo realmente grande lo vivido. Mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, pero ahí está. Gracias a todos los que lo han hecho político, diputados, grupos políticos, gobierno regional, organizaciones cómplices… y todas y todos los activistas LGBT extremeños. Un abrazo enorme a todos y todas los compañeros/as de Fundación Triángulo, cuando nos lo proponemos somos imparables! Gracias!», podía leerse en su página de Facebook. Su presidente, José María Núñez, se mostraba muy emocionado por lo conseguido en Extremadura, «donde parecía siempre que era el sitio donde peor se vivía y donde peor se podían disfrutar de estas emociones y la igualdad».

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción. “Nos sentimos muy orgullosas de que Extremadura, junto con Cataluña, se ponga a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Esperamos que este ejemplo cunda y que el PP, que aquí ha aprobado esta ley, no la paralice en otras comunidades autónomas ni a nivel estatal”, declaraba su presidenta, Marisa González.

“Una de nuestras demandas más urgentes es la aprobación de una ley semejante a nivel estatal. Se trata de un paso importantísimo que va a mejorar el día a día de la vida de miles de personas”, añadía por su parte el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo.

PP, un discurso en cada comunidad

En el terreno puramente político, si algo queda claro tras lo sucedido en Extremadura es lo moldeable del discurso del Partido Popular, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en Galicia y Cataluña (aquí de forma virulenta) pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura.

Un partido, en definitiva, al que no le ha importado defender políticas diametralmente opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política. En el caso extremeño, afortunadamente, esta coyuntura (falta de mayoría absoluta y necesidad de contar al menos con la abstención de Izquierda Unida para sacar adelante sus proyectos) ha jugado en esta ocasión a favor de la igualdad. Esperemos en cualquier caso que lo sucedido suponga un punto y aparte en esta actitud, especialmente cuando se adivina en el horizonte un nuevo periodo político en el que el PP puede perder buena parte de sus mayorías absolutas.