Un tribunal ruso confirma el despido de una profesora por ser lesbiana

Un tribunal de San Petersburgo ha confirmado el despido de una profesora de música, que fue separada de sus labores educativas por el hecho de ser lesbiana. La educadora, que mantenía su orientación sexual en el ámbito privado, fue despedida tras la denuncia de un activista homófobo, que se jacta de haber conseguido que otros 28 profesores hayan perdido su trabajo. Para la dirección del centro, su orientación sexual suponía la vulneración del artículo 81 del código de trabajo ruso, que permite despedir a trabajadores del sector educativo por cometer “actos inmorales”. Lamentablemente, esta consideración ha sido sustentada ahora por un tribunal. Los abogados de la profesora han manifestado su intención de apelar la sentencia.

La profesora de música, de quien tan solo ha trascendido que se llama Alevtina y que tiene 27 años, no ha sido nunca activista LGTB, ni había mencionado su orientación sexual a sus compañeros de trabajo, ni mucho menos a sus alumnos (niños discapacitados). Lo que sí hacía, confiada, era colgar fotos en redes sociales en las que, entre otras cosas, se la podía ver con su pareja. Eso fue suficiente para ser detectada por un activista de la organización homófoba Padres de Rusia, Timur Bulatov (que utiliza también como pseudónimo el nombre de Timur Isayev), que se dedica a rastrear en redes sociales para encontrar pistas que le revelen la condición homosexual de personas que trabajen como profesores para después notificarlo a los colegios y conseguir su despido.

El 8 de diciembre de 2014, Bulatov denunciaba a Alevtina ante la escuela número 565 de San Petersburgo en los siguientes términos: “Esta profesora se muestra abiertamente en redes sociales como una persona amoral, que según los datos de las redes sociales vive con otra mujer igualmente enferma”. El director del centro educativo, Stanislav Vinogradov, llamó a capítulo a la profesora y le pidió que dimitiera. “No puedes trabajar con niños”, le dijo.

“Salí de la oficina del director casi histérica”, recuerda Aletvina, ”no sabía qué hacer. Tenía tantos planes creativos con mis estudiantes…  Había puesto toda mi alma en este trabajo, y también sabía que yo no era culpable de nada». Debido a ello, se negó a presentar su dimisión, por lo que el colegio procedió a despedirla acogiéndose al punto 8 del artículo 81 del código de trabajo ruso, que permite despedir a trabajadores del sector educativo por cometer “actos inmorales incompatibles con actividades pedagógicas”, una acusación que suponía acabar con su carrera como educadora.

Alevtina procedió a recurrir su despido, para lo que contó con el apoyo legal del colectivo LGTB Coming Out, y solicitó tanto la restitución en su puesto de trabajo como una compensación por el salario perdido y por los daños morales sufridos. Pero lamentablemente, el pasado jueves, una de los miembros del equipo legal, Ksenia Kirichenko, anunciaba que el tribunal de San Petersburgo, donde se había celebrado el juicio a puerta cerrada, había fallado en contra de Alevtina y confirmado su despido.

Según Kirichenko, al menos seis profesores homosexuales, o que han mostrado su apoyo a los derechos LGTB, fueron víctimas el año pasado de las denuncias de Timur Bulatov. Tres de ellos dimitieron, siendo Alevtina la única en plantar cara legalmente a la injusticia de su despido. Y aún continúa en su empeño, pues Kirichenko también ha comunicado que va a presentar la correspondiente apelación contra la sentencia del tribunal de San Petersburgo.

Por su parte, Timur Bulatov ha tenido que cesar en su labor de caza de homosexuales. Actualmente permanece en prisión tras ser arrestado en diciembre de 2014, al ser identificado por la policía rusa como un condenado a dos años y seis meses de prisión por malversación de fondos, fugado de la justicia desde 2005, antes de que pudiera cumplir su sentencia.

Un ambiente de opresión y violencia

Es obvio que los actos de Tumur Bulatov, la reacción del director del centro y la decisión del tribunal de San Petersburgo responden al clima de pronunciada homofobia reinante actualmente en Rusia. Homofobia institucionalizada desde que se empezó a tramitar la legislación aprobada en 2013 por su Parlamento, que prohíbe informar positivamente sobre “relaciones no tradicionales” a menores y que ha servido para acallar cualquier reivindicación de los derechos LGTB, con continuadas detenciones de aquellos activistas que valientemente se resisten a permanecer en silencio. También han tenido lugar despidos de funcionarios, como en este caso, de cuya orientación sexual se ha tenido conocimiento  y cierres de medios que respaldan las reivindicaciones de los activistas.

A la homofobia de estado, se une la violencia social, tanto contra individuos aislados (es el caso de la violenta red de grupos homófobos Occupy Pedofilyaj, que retiene y tortura a personas a las que suelen tender una trampa) como contra locales de ambiente y por supuesto contra activistas que reclaman sus derechos (el último episodio del que nos hicimos eco ocurrió apenas hace unos días, cuando dos activistas sufrieron daños tras ser atacada la sede de una organización LGTB en Múrmansk).