La Corte de Apelaciones del 8º Circuito aplaza su decisión sobre el matrimonio igualitario hasta el fallo del Tribunal Supremo

La Corte de Apelaciones del 8º Circuito ha emitido un mandato el pasado 29 de abril, por el que paraliza el procedimiento en los casos de sentencias favorables al matrimonio igualitario sobre cuyo recurso debe decidir. La paralización continuará hasta que decida sobre el mismo asunto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisión que se espera sea tomada a finales del próximo mes de junio. Por su parte, los legisladores opuestos al matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Texas preparan la batalla legal para impedirlo.

La Corte de Apelaciones del 8º Circuito había iniciado el procedimiento de las apelaciones presentadas contra las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri. Los argumentos orales estaban programados para que dieran comienzo el 12 del presente mes de mayo, momento a partir del cual se iniciarían los turnos de réplica y contrarréplica de demandantes y demandados. Dado que en el Tribunal Supremo ya se ha iniciado el procedimiento sobre el mismo asunto, y habiendo tenido lugar la presentación de argumentos orales en el alto tribunal el pasado 28 de abril, la Corte de Apelaciones ha decidido esperar al fallo del más alto tribunal, cuya emisión se espera para finales del próximo mes de junio. Como en el caso de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito respecto a Puerto Rico, se trata sobre todo de un problema de calendario.

Idéntica resolución tomó la Corte de Apelaciones del 11º Circuito respecto a los casos de Florida y Alabama, aunque con la diferencia de que las sentencias de los jueces federales de esos dos estados no están suspendidas, mientras que en Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri sí que lo están hasta que se resuelva la apelación. Aunque los representantes de las parejas del mismo sexo afectadas han solicitado reiteradamente a la Corte de Apelaciones del 8º Circuito que levante la suspensión cautelar de las sentencias favorables, las peticiones han sido siempre denegadas, aún cuando otras Cortes de Apelaciones, y el mismo Tribunal Supremo, habían tomado recientemente la decisión de no suspender sentencias.

En otros de los estados pertenecientes al 8º Circuito, Dakota del Norte, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario fue paralizada por el juez del tribunal federal, también hasta la resolución del Tribunal Supremo. El juez pudo hacerlo, precisamente, porque su Corte de Apelaciones no había decidido aún al respecto.

En cuanto a otros estados del mismo circuito de apelaciones, en Arkansas existe otro procedimiento judicial sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero de ámbito estatal, con una sentencia favorable en suspenso hasta que decida la Corte Suprema del estado. Aunque se había iniciado el procedimiento de apelación estatal, gran parte de él debe repetirse al haber cambiado varios de los integrantes de la Corte Suprema a principios de año, lo cual hará que se demore largamente cualquier resolución. En Misuri, por su parte, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

Tan solo resta una Corte de Apelaciones por pronunciarse, la del 5º Circuito, que debe deliberar sobre las sentencias favorables al matrimonio igualitario en Mississippi, Texas y una contraria al mismo de Luisiana. Aunque los argumentos orales fueron presentados el pasado 9 de enero, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito aún no ha emitido resolución alguna. Tampoco ha aceptado las reiteradas solicitudes de levantamiento de la suspensión cautelar en que se encuentran todas las sentencias apeladas.

Texas prepara la rebelión contra el matrimonio igualitario

Precisamente en uno de estos estados, Texas, los opuestos a los derechos LGTB se preparan para impedir la aplicación de una supuesta decisión favorable al matrimonio igualitario, incluso aunque parta de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o del mismo Tribunal Supremo.

El pasado 22 de abril, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas daba luz verde a un proyecto de ley en el que se amenaza con el despido de los funcionarios y personal del estado que faciliten licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, aun cuando el matrimonio igualitario sea declarado legal por los tribunales.

Presentado por el republicano Cecil Bell Jr., el Proyecto de Ley 623 establece que “los fondos estatales o locales de los contribuyentes no pueden ser utilizados para una actividad que incluya la concesión de licencias o el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo”.  Prosigue con la prohibición a los empleados públicos de cumplir con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, al señalar que “ningún funcionario local o del estado reconocerá, concederá o emitirá licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Si un funcionario viola esta subsección, no podrá seguir recibiendo un salario, pensión o beneficio alguno a expensas de los contribuyentes de este estado”.

Incluso supera el absurdo legal cuando estipula que ”este estado no estará sujeto a ajustar su legislación de conformidad con la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para poder cumplir con las disposiciones de esta sección, independientemente de un fallo de una corte federal en contra”. Es decir, aunque el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamine que es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el estado de Texas no adaptará la legislación estatal que lo prohíbe, y los funcionarios que acaten el fallo del más alto tribunal del país serán despojados de sueldos y pensiones.

Evidentemente, el proyecto de ley es inconstitucional, y no deja de sorprender que haya obtenido la aprobación del Comité de Asuntos Estatales para que prosiga su tramitación. Pero, al parecer, proyectos de este tipo, destinados a entorpecer derechos constitucionales reconocidos, son frecuentes en el conservador estado de Texas.  Según Dan Quinn, portavoz del grupo de la organización progresista Texas Freedom Network, sin duda son “una rabieta” de quienes “se niegan a asimilar lo que está pasando”, pero también son una estrategia.

Quinn recuerda lo sucedido en Texas tras la decisión del Tribunal Supremo de 1973, que establecía que la decisión de abortar era un derecho constitucional de las mujeres que los estados no podían prohibir. Los legisladores de Texas intentaron repetidamente restringir ese derecho hasta prácticamente anularlo, obligando a acudir a los tribunales federales para impedir la continuidad de las leyes. Tras cada victoria legal, se sucedía una nueva ley restrictiva que de nuevo debía ser desafiada judicialmente. Dan Quinn teme que ese sea también el destino del matrimonio igualitario en el estado de Texas.