Carolina del Norte: los funcionarios podrán negarse a celebrar matrimonios del mismo sexo basándose en sus creencias religiosas

Los funcionarios y jueces del estado de Carolina del Norte podrán rehusar la celebración de un matrimonio si contraviene sus creencias religiosas. La ley ha debido superar el veto del gobernador Pat McCrory, quien se negó a promulgarla dada su evidente inconstitucionalidad. Sin embargo, tras su inmediata entrada en vigor, las parejas del mismo sexo de Carolina del Norte podrán ver conculcado su derecho a contraer matrimonio dependiendo de las creencias religiosas que profese el funcionario o juez que ocupe el mostrador o estrado.

En octubre del 2014, un juez federal dictaminó que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Carolina del Norte violaba la Constitución de los Estados Unidos. El gobernador republicano Pat McCrory comunicó inmediatamente su intención de acatar y defender la sentencia, pues consideraba que esa era su obligación como funcionario público. Sin embargo, algunos jueces estatales encontraron que cumplir con la legislación ahora vigente entraba en conflicto con sus creencias religiosas, y decidieron presentar su dimisión antes de ser suspendidos por rehusar la celebración de estos matrimonios.

Con la intención de evitar este tipo de dimisiones, y con el pretexto de supuestamente proteger la libertad religiosa, los correligionarios del gobernador McCrory en el Senado estatal, que gozan de una amplia mayoría en ambas cámaras, decidieron presentar el proyecto de ley SB 2, que permitiría a funcionarios y jueces rehusar la celebración de un matrimonio en base a “una sincera objeción religiosa”. De esta manera, las creencias personales de un funcionario público estarían por encima de los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución.

El proyecto de ley no hacía alusión específica a los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque su intención era evidente. No obstante, con su redacción, nada impediría que un juez o funcionario invocara sus creencias para rechazar la celebración del matrimonio de un divorciado o una pareja interracial. Aun así, la ley fue aprobada por la mayoría del Senado estatal y de la Cámara de Representantes.

McCrory estimó que la ley sobrepasaba los límites constitucionales y decidió ejercer su derecho al veto con el siguiente comunicado:

Reconozco que para muchos ciudadanos de Carolina del Norte, incluido yo mismo, la opinión acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo procede de la sincera creencia religiosa de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, somos una nación y un estado de leyes. Ya sea presidente, gobernador, alcalde, oficial de la ley o magistrado, ningún funcionario público que voluntariamente haya jurado apoyar y defender la Constitución y desempeñar todos los deberes de su cargo debe estar exento de respetar ese juramento. Por lo tanto, voy a vetar la medida SB 2.

Los ponentes del proyecto de ley prosiguieron en su empeño discriminatorio y se dispusieron a intentar superar el veto del gobernador, para lo que necesitaban una mayoría de tres quintos de los presentes tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. En el Senado, el veto del gobernador fue superado por 32 votos a favor y 16 en contra. En la Cámara de Representantes, que contaba con una mayoría más ajustada, el veto también fue sobrepasado por 69 votos a favor y 41 en contra. El proyecto se convirtió inmediatamente en ley, y los funcionarios y jueces del estado de Carolina del Norte podrán discriminar a las parejas que deseen con tan solo invocar sus creencias privadas.

El gobernador McCrory expresaba su malestar por medio de un comunicado, en el que estimaba que “este es un día decepcionante para el estado de derecho y el proceso de aprobación de leyes en Carolina del Norte”. Para la asociación de defensa de los derechos LGTB Campaign For Southern Equality, “la medida SB 2 es inconstitucional, y sin duda va a ser impugnada en los tribunales. Este proyecto, que ahora se ha convertido en ley, es discriminatorio y trata a las parejas de gais y lesbianas como ciudadanos de segunda clase. Estamos más decididos que nunca a lograr la plena igualdad de las personas LGBT en Carolina del Norte y a asegurarnos de que los jóvenes LGBT sepan que no están solos. Esta ley no es más que discriminación sancionada por el estado. Es un intento terriblemente equivocado de reescribir lo que significa la igual protección ante la ley. La igualdad y la equidad no son principios que se decidan caso por caso, dependiendo de quién esté en el mostrador un día en particular. Ni la Constitución de los Estados Unidos ni la Constitución de Carolina del Norte permiten tal cosa. Es tremendamente lamentable que tantos cargos electos no entiendan esto”.