Un nuevo caso de discriminación de una pareja de mujeres en su acceso a la reproducción asistida llega a los tribunales

Tania y Verónica (nombres simulados, puesto que desean mantener hasta donde sea posible su anonimato) son una pareja que ha demandado al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz por obstaculizar su acceso a la prestación de reproducción asistida, como consecuencia de la decisión del gobierno del PP de retirarla a las mujeres sin pareja masculina. Las demandantes acusan a las instituciones de vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la vida privada y familiar y a la protección de la salud reproductiva.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas, lesbianas o no, del derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno del PP cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (es decir, la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública). La Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud  limitaba su cobertura dentro del Sistema Nacional de Salud a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de lesbianas o de mujeres solteras, lesbianas o heterosexuales, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. Conviene recordar que en su momento la ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014. Una situación que la sustitución de Ana Mato por Alfonso Alonso, un político «más amable» y mejor dotado para la oratoria, no cambió, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

En el caso de Tania y Verónica se da además la circunstancia de que ya habían comenzado el tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid (Tania se había sometido a un primer ciclo, sin conseguir embarazo). Un mes después de la publicación de la referida orden ministerial, la pareja fue informada de que quedaba excluida. Tras formalizar sus quejas y presentar la demanda, en mayo de 2015 la clínica les informó de que reevaluaría la situación, y de hecho ya han reiniciado el tratamiento, pese a lo cual la pareja, asistida por Women’s Link Worldwide, ha mantenido la demanda. «A pesar de la reanudación del tratamiento tanto Verónica como Tania quieren continuar la batalla judicial, no solo para que ellas puedan ser madres sino para que ninguna otra mujer que opta por la maternidad sea discriminada por el sistema público de salud”, ha explicado Carmen Miguel, directora regional de Women’s Link Worlwide y abogada de la pareja.

Entre los informes favorables que han presentado se encuentra uno del exministro de Sanidad Bernat Soria y de la médica Verónica Juan, que señala que “negar un proceso de fertilización in vitro a una ciudadana, en base a razones que no son de tipo médico o biológico, puede suponer un daño irreparable en sus derechos reproductivos, carece de bases médicas y es una forma de opresión ideológica y negación de derechos de quienes no comparten tu forma de pensar». También el expresidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, Santiago Barambio, ha participado en el juicio, asegurando que la orden no contempla los distintos modelos de familia y que «la pérdida de la oportunidad de ejercer una reproducción que es posible, especialmente si ello es por un acto de discriminación, puede perjudicar la estabilidad de la salud psíquica de quien sabe que tiene la potestad de ser madre».

La Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha asegurado en un comunicado que a Tania y Verónica se les informó del cambio en la situación legal, y que en abril de este año se les ofreció otro tratamiento sin que hayan sufrido ningún retraso «respecto al resto de casos a los que en principio no afectaba la norma estatal». Como bien señala en El País el periodista Emilio de Benito, «lo que no explica el hospital es por qué se cambió de opinión y decidió reanudar el tratamiento. La abogada de la pareja opina que se debió a la presión de la demanda. Fuentes sanitarias creen que pudo deberse a que la Comunidad de Madrid no cerró claramente el acceso a este tratamiento porque no adaptó la norma estatal más allá de indicar que la iba a acatar».

La FELGTB les muestra su apoyo

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) que ha acompañado a la pareja al Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, donde este lunes se ha celebrado el juicio, ha mostrado en un comunicado su apoyo a la pareja. «Es necesario que la igualdad de derechos se extienda a todas las familias y a todos los territorios porque la orden ministerial injusta del Gobierno del Partido Popular ha excluido de la maternidad sólo a algunas mujeres, aquellas que no van acompañadas de un hombre”, ha declarado su portavoz, Isabel Gómez.