Absuelto el funcionario de la oficina de empleo de Cáceres que injurió a un ciudadano gay al beneficiarse de una reforma legal

No dejamos de escuchar que en España, una vez conseguida la igualdad legal de las personas LGTB, lo que nos queda es conquistar la igualdad social. Pero ojalá la igualdad legal se hubiese de verdad conseguido… Que un ciudadano que se queda en paro deba soportar la burla homófoba de un trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y no reciba finalmente ninguna sanción por ello es buen ejemplo de todo lo que queda por hacer en el terreno legislativo. Le ha sucedido a un profesor cacereño que vio como anotaban “Marica” en su formulario de solicitud de prestación.

Contamos la noticia hace ya más de un año. Juan José Ruiz, diplomado en Magisterio y licenciado en Historia, acudió a la oficina del SEPE (el antiguo INEM) de la Avenida de la Hispanidad de Cáceres para tramitar una solicitud de prestación después de haber trabajado unos meses como monitor de actividades extraescolares. Allí encontró un “tono guasón” en el funcionario que rellenó su solicitud, pero no se dio cuenta de que reflejó su dirección en el formulario como Plaza “Marica”. Fue días después, al realizar una gestión para la que necesitaba presentar el documento del SEPE, cuando se dio cuenta, lo que le produjo un gran malestar y ansiedad. “Me pusieron ese nombre de la calle para burlarse de mí”, aseguró en su momento. Juan José acudió a la oficina a pedir explicaciones y llegó a hablar con su director, pero no le dieron una explicación convincente ni le pidieron disculpas, más allá de entregarle una hoja de reclamación para que pusiera una queja.

Luis Miguel García, director provincial del SEPE, ofreció sin embargo “las máximas disculpas” una vez que trascendió lo sucedido, argumentando que según le había transmitido todo se había tratado de una confusión de nombres entre “América” y ”Marica” y que sí se le habían pedido disculpas al usuario. Se da sin embargo la curiosa «casualidad» de que la víctima del insulto, que vivía en la Plaza “de Don Quijote”, reconoce abiertamente su condición de gay y la exterioriza.

El caso fue denunciado, y el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres de hecho consideró que el trabajador responsable del incidente cometió una falta de injurias leves y le condenó a indemnizar al injuriado con 90 euros, pagar las costas procesales y también a cumplir una pena de 14 días de multa con coste diario de 8 euros. Recurrió, y ahora la Audiencia de Cáceres, tras volver a estudiar el caso, señala que la condena era justa y que no tenía sentido la excusa del funcionario, pero ha resuelto absolverle debido a que el 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que despenaliza las injurias leves, una reforma de la que se beneficia. Contra esta sentencia ya no cabe recurso.

Triángulo acata pero lamenta la sentencia

Fundación Triángulo, que ha estado en contacto con el afectado y llegó a reunirse en su momento con el entonces Delegado del Gobierno en Extremadura para solicitarle que el funcionario fuera sancionado, ha lamentado en un comunicado la absolución y estudiará si cabe la aplicación de la ley extremeña contra la LGTBIfobia. “Debemos acatar la sentencia, pero lo hacemos de manera discrepante, incómoda y crítica, básicamente porque no podemos entender que la legislación penal estatal evolucione de manera que la homofobia y la transfobia pasen a ser agresiones o delitos irrelevantes. Es inaceptable», ha declarado José María Núñez Blanco, su presidente.

«Trabajaremos para que esto cambie, y aunque en este caso la sentencia es firme, analizaremos si acaso ha obviado la aplicación de la Ley LGBTI extremeña, que si bien no estaba en vigor cuando acontecieron los hechos si lo estaba en el momento del recurso de la Audiencia. Además, nos queda por delante iniciar un proceso profundo de difusión y pedagogía sobre la Ley LGBTI que logramos aprobar en marzo pasado, en cuyo desarrollo ya estamos trabajando con la Junta de Extremadura», ha añadido Nuñez, «al margen de reivindicar y trabajar para que se apruebe una Ley estatal LGBTI que no permita que pasen desapercibidas y sin condena agresiones homófobas como esta”.

Sin entrar a discutir la legalidad de la decisión de la Audiencia, lo cierto es que si en España hubiese sido aprobada ya una legislación adecuada contra la LGTBIfobia, dotada de su correspondiente capítulo sancionador, el proceso legal habría podido conducirse de otra manera. No, en España ni siquiera se ha conseguido la igualdad legal.