El Gobierno griego presenta un proyecto de ley de uniones abiertas a parejas del mismo sexo

El ministro de Justicia de Grecia, Nikos Paraskevopoulos, ha hecho honor a la promesa que hizo hace dos semanas e inició el pasado lunes un proceso de consultas para ampliar a las parejas del mismo sexo la legislación sobre uniones civiles. La nueva regulación abrirá a estas parejas a la mayoría de los derechos y obligaciones de los matrimonios, pero excluirá el acceso a la adopción conjunta.

Paraskevopoulos asumió su compromiso en un acto organizado por ILGA Europe, que celebró del 28 al 31 de octubre su conferencia anual en Atenas. Representantes de los principales partidos políticos de Grecia coincidieron en la necesidad de consensuar un paquete de reformas en favor de la igualdad de las personas LGTB en ese país, que cuenta con muchas papeletas (con el permiso de Chipre, que tramita una ley similar) para convertirse en el primero del ámbito cultural ortodoxo en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo.

En junio pasado el Ministerio griego de Justicia presentó su proyecto de actualización de la ley de uniones civiles, pero la convocatoria adelantada de elecciones paralizó el proceso. El Gobierno griego buscaba, con aquel proyecto, dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. Grecia, recordemos, no otorga a las parejas del mismo sexo derecho alguno. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados.

La llegada de Syriza al poder, en enero pasado, abrió un nuevo escenario. En su congreso de 2013 Syriza se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, aunque antes de las elecciones de enero optó por silenciar el tema. Alexis Tsipras no pudo sin embargo evitar ser preguntado en campaña sobre la adopción homoparental, respondiendo entonces que esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él hay “contradicciones en la comunidad científica”. Pese a ello, como dosmanzanas anticipó entonces, la victoria de Syriza despertaba inevitablemente esperanzas de mejora en la situación de los derechos LGTB.

El proyecto presentado en junio daba cumplimiento a la sentencia de Estrasburgo y revisaba además los derechos de las parejas unidas civilmente, mejorándolos en materia patrimonial y de herencia y acercándolos a los del matrimonio. Dejaba fuera, eso sí, la adopción conjunta. La noticia fue recibida con moderada satisfacción por el colectivo LGTB griego, aunque muchos se preguntaron por qué un gobierno liderado por Syriza no tenía el arrojo de ir más allá y promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar.

La convocatoria de nuevas elecciones en septiembre dejó en suspenso la aprobación del proyecto. Syriza revalidó su triunfo y Paraskevopoulos volvió a repetir como ministro de Justicia, por lo que ya se esperaba que el asunto fuera retomado. Más aún, en ese mismo acto representantes de Nueva Democracia (principal partido de la oposición), PASOK, Izquierda Democrática, To Potami y la Unión de Centristas, partidos que reúnen una gran mayoría parlamentaria, se comprometieron a mejorar la situación de los derechos LGTB en Grecia.

Igual que en el proyecto presentado en junio, la nueva legislación ampliará las atribuciones actuales de las uniones civiles para equipararlas en su mayoría a los de los matrimonios y, además, permitirá contraerlas a las parejas del mismo sexo. Los derechos que se verán equiparados incluyen ventajas fiscales, de herencia y beneficios para los funcionarios unidos civilmente iguales a los que disfrutan los casados. La adopción conjunta, eso sí, queda por el momento excluida. El texto también aborda la normativa antidiscriminatoria para castigar los delitos con agravantes racistas o motivados por el sexo o la religión de la víctima.

Como era de esperar, la iglesia ortodoxa griega ha mostrado su total oposición a lo que considera “una mala imitación” del matrimonio y “una recompensa neoliberal a la irresponsabilidad en las relaciones interpersonales que las relega a una simple transacción”.