El Parlamento de Uganda aprueba la ley que controlará las ONG y permitirá disolver las asociaciones LGTB

El Parlamento ugandés ha aprobado por unanimidad una ley que permitirá al Gobierno prohibir o disolver cualquier ONG, entre ellas las que defienden los derechos LGTB o que luchan contra la propagación del VIH. La ley también establece penas de prisión para quienes prosigan con la labor de las organizaciones que no hayan obtenido la autorización gubernamental. Las asociaciones LGTB temen convertirse en el principal objetivo de la nueva normativa, mientras pende sobre el colectivo la amenaza de una nueva ley que endurecerá el trato penal de la homosexualidad, tras la finalmente infructuosa aprobación de la anterior, anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional.

El proyecto de ley había sido presentado a principios de año, y finalmente ha sido aprobado el pasado 26 de noviembre con el voto unánime del Parlamento. Todas las ONG o asociaciones comunitarias deberán obtener permiso para constituirse, que podrá ser denegado por el Gobierno si decide que el grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin queda sin definir.

La ley también otorga poder a la administración para disolver ONG existentes, si se estima que son contrarias a ese “interés público” indefinido o son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Los dirigentes o miembros de las ONG que no hayan obtenido autorización o hayan sido disueltas podrán ser castigados con penas de prisión si continúan con su labor.

Según Ruth Nankabirwa, jefa del grupo parlamentario del partido gubernamental, el objetivo de la nueva ley es «ayudar a que las ONG trabajen en un entorno mejor, ya que, como gobierno, apreciamos el trabajo que hacen estas organizaciones. El proyecto de ley capacita a las ONG en lugar de restringir sus actividades«.

Los miembros de las ONG y asociaciones comunitarias, sin embargo, expresan su más honda preocupación, temiendo que la ley se utilice para censurar a organizaciones que denuncien problemas como la corrupción o la pobreza. Para Human Rights Watch, “la vaguedad e imprecisión del texto hace vulnerables a las ONG y las incitará a la autocensura por temor a no cumplir con los requisitos”. Nicholas Opiyo, director de la organización de defensa de las libertades civiles Chapter Four, estima que la aprobación de la ley «ataca el corazón mismo de la formación de organizaciones cívicas, restringe el espacio cívico y el derecho de asociación”. Para Peter Kamalingin, director de la ONG Oxfam Uganda, la nueva ley “socava la causa misma por la que existimos y la causa misma por la que seguimos comprometidos, en cuanto a la superación de la injusticia y la pobreza».

Quienes están particularmente preocupados con su aplicación son los miembros de ONG y asociaciones de defensa de los derechos LGTB o de lucha contra la propagación del VIH, que temen ser su principal objetivo. Kikonyogo Kivumbi, representante de las minorías sexuales de Uganda que están en alto riesgo de contraer VIH, advertía durante el proceso de aprobación que «el proyecto de ley hará que las organizaciones LGBTI y de trabajadores del sexo vean cerrados sus centros y que sus dirigentes sean encarcelados. Esto pone en peligro no solo a ellos y a sus comunidades, sino a la población de Uganda en general».

Uganda, en proceso de aprobar una nueva ley homófoba

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que fue anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se puso en marcha otra iniciativa el año pasado para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad. Un terrible ejemplo de este clima asfixiante lo recogíamos el pasado enero, cuando nueve hombres homosexuales sufrieron un intento de linchamiento y la policía, en lugar de protegerlos, los detuvo y sometió a torturas.