Fundación Triángulo anima a la Junta de Andalucía a seguir litigando por su derecho a no financiar a los colegios que segregan por sexo

Fundación Triángulo Andalucía ha mostrado su descontento con las sentencias del Tribunal Constitucional que por el momento obligan a la Junta de Andalucía a financiar a colegios concertados que segregan al alumnado por sexos, un modelo que Triángulo considera contrario a la educación igualitaria. Triángulo anima a la Junta a seguir litigando. 

La raíz del problema es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada y aprobada en la anterior legislatura por el Partido Popular de la mano de José Ignacio Wert, que legalizaba expresamente la financiación pública de colegios que segregan por sexo. Algo que prohibía la la LOE (Ley Orgánica de Educación), aprobada en 2006, y cuyas disposiciones han comenzado a ser sustituidas por las de la LOMCE tras ser esta aprobada a finales de 2013. Durante la vigencia de la LOE, el propio Tribunal Supremo desestimó los recursos de los colegios privados que separan a chicos y chicas y a los que se les había retirado la financiación pública, pese a lo cual la LOMCE incluyó una cláusula «retroactiva» (su disposición transitoria segunda) para que los centros que habían perdido el concierto durante 2013 por esta causa lo recuperaran. Por este y otros motivos, la LOMCE ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por varios partidos y gobiernos autonómicos.

En Andalucía, tras conocerse en 2013 (y antes de la aprobación de la LOMCE) la decisión de la Junta de retirar la subvención a este tipo de educación, varios centros recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que les dio la razón y obligó a la Junta a aportarles el dinero público que les habían retirado. Un fallo que la Junta de Andalucía ha recurrido. Además, a petición de la Junta, el TSJA planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, cuyo articulado regulaba precisamente la distribución de fondos públicos a los centros educativos concertados. Lo que el Tribunal Constitucional ha desestimado ahora es esta cuestión de inconstitucionalidad, al considerar que el articulado de la Ley de Presupuestos era plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados, sin entrar realmente en la cuestión de fondo que subyace al debate.

La cuestión, por tanto, sigue abierta, aunque por el momento la Junta, aunque en desacuerdo, seguirá financiando a estos centros. Habrá que ver qué pasa con los recursos pendientes, incluyendo los interpuestos ante el Constitucional (si bien la sólida mayoría conservadora de este tribunal, con buena parte de sus miembros afines al PP, no permite a nuestro juicio tener demasiadas esperanzas en este aspecto).

Es por eso que  Triángulo Andalucía anima a la Junta a seguir litigando, al considerar que por el momento el Constitucional no ha entrado en el fondo de la cuestión y lo único que se ha dirimido es una cuestión de forma. «Desde Fundación Triángulo Andalucía instamos a la Junta de Andalucía a seguir litigando en contra de una educación inconstitucional e injusta cuyo único argumento es una ley, la ley Wert, que fue aprobada contra la voluntad de toda la comunidad educativa y recibió el menor apoyo de cuantas leyes educativas se hayan aprobado en nuestro país desde 1978. Por otra parte, compartimos claramente el posicionamiento de la Junta de Andalucía contra un modelo educativo que pretende educar de forma diferencia a hombres y mujeres dando por hecho que hombres y mujeres no son iguales», expresa Fundación Triángulo Andalucía, cuyo presidente, Raúl González, considera que “los colegios privados de educación segregada solo pueden tener un objetivo con esta educación y es diferenciar las expectativas y anhelos profesionales de niños, niñas y adolescentes en nuestra comunidad para perpetuar la diferencias entre hombres y mujeres y con ello sus roles de género. Es una intromisión clara en el derecho a la libertad ideológica de los menores”.

Triángulo, que recuerda que el artículo 14 de la Constitución Española establece que los españoles son iguales ante la ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», hace además un llamamiento a toda la comunidad educativa a «posicionarse en contra de este tipo de enseñanza, si bien marginal en nuestra comunidad no por menos inconstitucional, injusta y contra los valores de una sociedad democrática».