Un juez ordena que se siga aplicando en Malawi la ley que castiga la homosexualidad con penas de 14 años de prisión

El juez de la Corte Suprema de Mzuzu Dingiswayo Madise ha dictado una orden en la que conmina a las fuerzas del orden a seguir aplicando la legislación malauí que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de prisión, a pesar de que el ministro de Justicia comunicara recientemente que las leyes al respecto estaban suspendidas hasta que el Gobierno y el Tribunal Constitucional decidieran sobre si deben ser derogadas. El juez informa asimismo de que cualquiera que contravenga su orden cometerá desacato y podrá ser encarcelado o multado.

El ministro de Justicia de Malawi, Samuel Tembenu, se vio obligado a emitir recientemente un comunicado en el que reiteraba la moratoria impuesta por su Gobierno a la aplicación del artículo 153 del Código Penal, que castiga las relaciones «contra el orden de la naturaleza» con hasta 14 años de prisión. La causa fue la difusión internacional de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, dos jóvenes acusados de mantener relaciones homosexuales. El ministro no solo comunicaba la continuidad en la suspensión de la ley, sino que ordenaba a las fuerzas del orden que liberasen sin cargos a los detenidos.

Contra esa decisión plantearon un recurso tres miembros de la Asociación de Jóvenes Clérigos de Malawi ante la Corte Suprema de Mzuzu, la capital de la región norteña del país. En la apelación  alegaban que el ministro de Justicia no tenía “autoridad para suspender la aplicación de ninguna ley o para dejar de someter al debido proceso de la ley a todas las personas que fueran sospechosas de haber cometido delitos homosexuales o delitos por haber tenido conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza, en virtud del artículo 153 del Código Penal».

El pasado lunes 8 de febrero, el juez Dingiswayo Madise falló a su favor, y emitió una orden por la que conminaba a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de la Policía a que continuara la persecución de quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. La orden también establecía que quienes hayan sido puestos en libertad debido a la moratoria, tendrán que enfrentarse a un nuevo juicio, entre ellos Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como partes afectadas, podrán presentar alegaciones a la orden dictada en el plazo de 7 días, celebrándose una audiencia pública al respecto una vez transcurridos catorce días. Mientras tanto, el juez recuerda que cualquiera que contravenga su orden cometerá el delito de desacato, y podrá enfrentarse a penas de prisión y a sanciones económicas.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Malawi estuvo en la primera plana de la actualidad LGTB internacional en 2010 debido al humillante juicio a Steven Monjenza y Tiwonge Chimbalanga, una pareja que fue acusada de actos “contra natura e indecencia grave”. Una historia que en su momento seguimos con detalle y que acabó con la concesión del perdón presidencial tras una fuerte presión internacional, si bien la pareja no soportó la presión y acabo rompiendo su relación. Meses después, el pequeño país africano incluso endureció su legislación homófoba para castigar la homosexualidad femenina, que hasta entonces no era considerada delito.

Sin embargo, las presiones internacionales hicieron que en 2012 el entonces ministro de Justicia y fiscal general de Malawi, Ralph Kasambara, anunciara la suspensión inmediata de la aplicación de las leyes que persiguen la homosexualidad, vigentes desde la época colonial británica, y ordenara a la Policía que cesasen las detenciones basada en esa legislación. El ministro explicaba que con esa decisión el Gobierno quería evitar que se detuviera a nadie mientras el Parlamento se tomaba su tiempo para discutir si mantenía o no la legislación homófoba en los códigos del país.

Pero pocos días después, el ministro Kasambara negaba en unas declaraciones haber dado ninguna instrucción para suspender la aplicación de esas leyes, que, según sus palabras, continuaban plenamente vigentes. Algunas fuentes sostenían que la reacción del Gobierno malauí se debía a la presión ejercida por el Consejo de Iglesias, que aúna a 24 confesiones protestantes.

La Corte Constitucional de Malawi aceptó en 2013 deliberar sobre la constitucionalidad de las leyes homófobas, mediante la revisión del caso de tres hombres detenidos en 2011 por practicar la homosexualidad y que estaban cumpliendo desde entonces penas de entre 10 y 14 años de prisión. Los activistas que luchan por los derechos humanos sostenían que esa ley violaba la protección constitucional que impide que los ciudadanos sean discriminados en razón de su sexo, raza, tribu o religión.

En julio de 2014, a petición de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la secretaria de Justica y fiscal general entonces en el cargo, Janet Chikaya-Banda, informaba de que la ley que castiga la homosexualidad en Malawi estaba en suspenso mientras la Corte Constitucional deliberaba sobre su constitucionalidad. Desde que se inició ese proceso, afirmaba la secretaria de Justicia, nadie había sido detenido en base a esa legislación.

Como señalábamos anteriormente, la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015 forzó al ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto.

Sin embargo, la decisión del juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, de ordenar la aplicación de la ley y declarar ilegal la moratoria enfrenta de nuevo a la población LGTB de Malawi a la discriminación y la persecución más intolerables.