130 médicos y biólogos de Francia se autoinculpan por haber ayudado a mujeres sin pareja masculina a acceder a la reproducción asistida

Hasta 130 médicos y biólogos se han autoinculpado, en una carta publicada en el diario Le Monde, de haber colaborado en los procesos de reproducción asistida de parejas de mujeres y de mujeres solas, una práctica prohibida en Francia y que el gobierno de ese país, pese a su promesa electoral, ha decidido mantener en la ilegalidad para no provocar la ira de los grupos conservadores. 

En Francia, la reproducción asistida solo está permitida a parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a países vecinos, como Bélgica o España.

La modificación de esta prohibición había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa estaba incluida en el programa con el que los socialistas ganaron las elecciones legislativas de 2012. El propio presidente François Hollande se posicionó siendo candidato presidencial a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante. No fue sin embargo hasta 2014, tras la remodelación que siguió a la derrota socialista en las elecciones municipales y que convirtió a Manuel Valls en el nuevo jefe de gobierno, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal.

Una marcha atrás que tenía lugar en el contexto de la derechización que Valls impuso al Gobierno socialista, uno de cuyos elementos ha sido el acercamiento a la Iglesia católica y a los contrarios a los derechos LGTB. Laurence Rosignol, que entró con Valls en el gobierno francés como secretaria de estado de Familia, recibió, en el que fue uno de sus primeros gestos políticos, a los representantes de la Manif pour tous, el movimiento homófobo que lideró las protestas contra el matrimonio igualitario, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. La propia Rossignol, ahora ascendida a ministra de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, confirmaba la marcha atrás en una entrevista a Libération publicada en febrero. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario. La vociferación de la Manif pour tous lo paralizó todo. No quiero verme impotente en todo lo que tengo que hacer por lanzar un debate sobre la PMA [procréation médicalement assistée, o reproducción asistida]. Ahora, usted dice ‘PMA’ y las redes sociales arden. Estos temas deben ser tratados por una sociedad apaciguada. Y yo ahora trabajo para apaciguarla”,  justificaba, pese a asegurar que ella, «a título personal», estaba en contra de la prohibición.

Una argumentación especialmente cobarde: que un gobierno democráticamente elegido renuncie a acabar con una disposición legal discriminatoria en materia de derechos civiles, tal y como había prometido en su programa, para así mantener “apaciguados” a los defensores de dicha discriminación no hace sino reforzar a estos. No está de más recordar que la cobardía del Gobierno francés va incluso más allá de negar a las mujeres sin pareja masculina el derecho a la reproducción asistida, aún pagándola de su bolsillo en una clínica privada. El gobierno de Valls se negó incluso a apoyar en 2014 una enmienda legislativa presentada por dos diputados verdes cuyo objetivo era asegurar que al menos en aquellas parejas de lesbianas que ya son madres (por haber recurrido a la reproducción asistida en otros países) la madre no gestante fuese reconocida legalmente. Afortunadamente, pese a la negativa gubernamental, la Corte francesa de Casación acabó por confirmar ese derecho, aunque obligando a las madres no gestantes a iniciar un proceso de adopción de los que al fin y al cabo son sus propios hijos.

Los firmantes piden actualizar una legislación anacrónica

La postura del gobierno ha enfurecido no solo a los colectivos LGTB, sino a muchos profesionales de la reproducción asistida que no entienden esta marcha atrás. En en este contexto que 130 de ellos han decidido visibilizar públicamente que ellos mismos han ayudado a las mujeres que tienen prohibido el acceso a la reproducción asistida en su proceso, como una forma de denunciar la actual situación, y han solicitado una modificación de la legislación de reproducción asistida para permitir la donación de esperma a mujeres con independencia de su esquema relacional y orientación sexual. La carta, promovida por el ginecólogo René Frydman, considerado el padre del primer «bebé probeta» francés, está firmada por algunos de los más prestigiosos especialistas franceses en este campo, como François Olivennes o Israël Nisand.

Los especialistas firmantes piden además, de una forma general, la puesta en marcha de un verdadero plan de apoyo a la reproducción asistida que contemple otras actualizaciones de la ley francesa, como que se facilite la donación de ovocitos, que las mujeres puedan congelar sus ovocitos en previsión de un embarazo posterior (algo que en Francia solo se permite si la mujer presenta una patología que amenaza su fertilidad) o que se permita el diagnóstico genético preimplantacional.