La Corte de Apelaciones de Botsuana falla a favor del reconocimiento legal de la asociación LGTB LEGABIBO

La Corte de Apelaciones de Botsuana ha fallado a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO (Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana), cuyo registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal del país en noviembre de 2014, decisión que fue recurrida por el Gobierno. La Corte de Apelaciones ha dictaminado que impedir la inscripción legal de LEGABIBO viola los derechos constitucionales de sus miembros a la libre asociación y a la libertad de expresión. También estima que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

La organización LEGABIBO lleva desde 2004 integrada en la federación de asociaciones pro derechos humanos y de lucha contra el VIH/sida BONELA (Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS). A pesar de ello, cuando solicitó formalmente el registro como asociación autónoma en 2009, el Gobierno le denegó esta posibilidad.

El grupo buscó entonces el amparo de la justicia, y con la ayuda de las organizaciones BONELA, OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa) y SALC (Southern African Litigation Centre) presentó una demanda ante el Alto Tribunal de Botsuana contra la decisión gubernamental. El juez T. T. Rannowane dio la razón a los litigantes al considerar que la “negativa a registrar LEGAGIBO no era razonablemente justificable según la Constitución de Botsuana” y que esta acción del Ejecutivo “violaba la libertad de expresión, asociación y reunión de los demandantes”. La sentencia también aclaraba que “hacer campaña a favor de iniciativas legislativas no es per se un delito. Tampoco es un delito ser homosexual”.

Sin embargo, el Gobierno de Bostuana recurrió el dictamen del Alto Tribunal ante la Corte de Apelaciones, argumentando que los derechos de las personas LGTB no están reconocidos por la Constitución y que los objetivos de LEGABIGO eran «incompatibles con la paz, el bienestar y el buen orden en Botswana». Pero la Corte de Apelaciones, en un fallo fechado este 16 de marzo, ha desestimado esos argumentos y ha ratificado la decisión del Alto Tribunal, al estimar que la denegación del registro a LEGABIBO es irracional y supone una violación del derecho a la libertad de asociación.

La Corte de Apelaciones ha hecho especial hincapié en que no existe ninguna ley en Botswana que prohíba ser homosexual. También ha considerado, tal como lo hizo el Alto Tribunal, que la promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI y la lucha por la derogación de las leyes que castigan las relaciones homosexuales no son ilegales. Según la Corte de Apelaciones, los derechos fundamentales deben ser disfrutados por todas las personas, y al socavarlos, se está socavando la dignidad humana de los individuos.

Para el activista de LEGABIBO Caine Youngman, «esta victoria nos da esperanza y alienta nuestra fe en el sistema judicial de Botswana. Ha sido una larga y agotadora etapa de 11 años desde que empezó nuestra lucha para que nuestra organización pueda ser registrada». La directora ejecutiva de BONELA, Cindy Kelemi, afirma por su parte que «todavía hay mucho que hacer para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGTBI, y es el Parlamento, como brazo legislativo del Gobierno, el responsable de elaborar las leyes que protejan a las personas LGTBI de la discriminación, el estigma y el abuso».

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.