El PP se opone a una ley integral de delitos de odio, que apoya el resto de los grupos, al considerar que lo hecho en la pasada legislatura es «suficiente»

Recientemente el Ministerio del Interior presentaba su informe 2015 sobre delitos de odio en España (puedes descargarlo aquí) El total de casos registrados en 2015 fue finalmente 1.328. De ellos, 169 (un 12,7%) lo fueron por orientación sexual o identidad de género, cifras que fuera de contexto podrían llevar a pensar que ha habido un descenso de las agresiones por LGTBfobia respecto a 2014. Sin embargo, el cambio metodológico en el sistema de contabilización de las denuncias impulsado en 2015 impide hacer una comparación precisa con los datos de años anteriores (un cambio que la propia FELGTB bendijo al considerar que era más preciso).

El mayor porcentaje de delitos de odio fue el correspondiente a los casos de racismo y xenofobia (505, un 38% de los casos), seguido de la ideología (308 casos, el 23’2%) y en tercer lugar la discapacidad (226 casos, un 17%). Los delitos por orientación sexual o identidad de género constituyen el cuarto grupo más numeroso, seguido de los delitos por creencias o prácticas religiosas (70, un 5,3%), por sexo o género (24 casos, un 1,8%), por aporofobia u odio a las personas “pobres” que se encuentran en situación de exclusión social (17 casos, un 1,3%) y por antisemitismo (9 casos, un 0,7%):

Recordemos, en cualquier caso, que según los especialistas la mayor parte de las agresiones motivadas por LGTBfobia continúan sin denunciarse. Más de un 70%, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “La cifra de agresiones, por tanto, si extrapolamos datos, superaría el medio millar. El miedo a salir del armario o la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores, entre las principales razones para no acudir a la policía”, expresaba esta organización en febrero, cuando se hizo público el adelanto del informe. “Aunque se está trabajando en la recogida de datos y en la aproximación de los cuerpos y fuerzas del estado a las víctimas, seguimos hablando de un colectivo bastante invisibilizado y expuesto a grave riesgo de sufrir violencia”, añadía la FELGTB, que reclamaba precisamente una ley integral en este sentido.

Habrá que ver cómo evoluciona la coyuntura política en próximas semanas para saber qué futuro espera a la iniciativa socialista, que pese a contar con el apoyo de toda los grupos salvo el PP en este momento es poca cosa más que una declaración de intenciones al no haberse llegado a un acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno. Y si finalmente se convocan nuevas elecciones en junio, será la nueva composición del Congreso la que marcará el paso.