Bolivia aprueba una ley de identidad de género

Con solo un día de diferencia, Cámara de Diputados y Senado de Bolivia han aprobado la ley que permitirá a las personas trans modificar legalmente su nombre, imagen y referencia al sexo en toda la documentación pública y privada vinculada a su identificación. Se trata de un importante avance en el reconocimiento de la realidad jurídica de las personas LGTB en un país cuya Constitución es una de las pocas del mundo que prohíbe explícitamente la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, pero que en la práctica permanecía como uno de los más atrasados de América Latina en esta materia.

La ley, que se espera sea promulgada este mismo sábado, define la identidad de género como «la vivencia individual del género tal como cada persona la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la modificación de la apariencia corporal libremente elegida, por medios médicos, quirúrgicos o de otra índole». En este sentido, las personas trans que deseen modificar sus datos podrán presentar ante el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) una serie de requisitos administrativos. El SERECÍ dispondrá de 15 días para emitir una resolución que autorice el cambio con el nuevo nombre propio y dato de sexo en la partida de nacimiento y la extensión de un nuevo certificado de nacimiento.

Cabe añadir que el apoyo o rechazo de la ley de identidad de género ha desbordado los límites partidarios. Miembros tanto del bloque oficialista como de la oposición han votado en conciencia, a favor y en contra. “Es solo una ley que permite devolverle la vida, la posibilidad de la felicidad a cientos de personas que sufren discriminación y violencia que llega hasta la muerte”, señaló la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. “Este no es debate moralista entre conservadores y progresistas, sino sobre el cumplimiento del Estado de aplicar los derechos humanos y poner en vigencia derechos universalmente reconocidos, no se trata de diferencias ideológicas, sino entre los que queremos materializar derechos y los pocos discriminadores presentes”, sostuvo por su parte la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero. “Tenemos la posibilidad histórica para avanzar en temas de legislación y consolidación de criterios de igualdad, dignidad y de derechos que hacen a la condición de seres humanos”, subrayó por su parte el diputado de la opositora Unidad Demócrata, Wilson Santamaría.

“En nuestras manos está hacer la vida más fácil a personas que estuvieron maltratadas, que son bolivianas, que pagan sus impuestos, que viven una realidad de discriminación injusta, dura”, señaló por su parte el diputado Manuel Canelas, de Movimiento Al Socialismo, y primer diputado abiertamente LGTB de la historia de Bolivia.

Una ley que no está a la vanguardia, pero que supone un avance importante

La aprobación del texto en la Cámara de Diputados fue recibida con muestras de visible alegría por un grupo de personas trans que siguieron el largo debate desde uno de los palcos del hemiciclo. No es para menos. Hasta ahora, la modificación del nombre y el sexo legal no estaba regulada en Bolivia, y el colectivo trans se enfrentaba a un calvario judicial para intentar ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según explicó en su momento Rayza Torriani, presidenta de la Red Nacional de Personas Trans de Bolivia (Red TreBol), el proceso duraba hasta dos años y estaba “lleno de estigmatización y discriminación”. «Hay personas que lo consiguieron, pero pasaron toda una travesía de maltratos y burlas”, añadía.

Es cierto que el proyecto finalmente aprobado no se sitúa a la vanguardia de las legislaciones en materia de identidad de género. La modificación de los datos no podrá hacerse hasta la mayoría de edad e impone una serie de limitaciones, algunas de ellas importantes, como la carencia de vínculo matrimonial o la necesidad de un informe psicológico que acredite, no que la persona padece trastorno alguno, sino que conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión.

La nueva legislación boliviana es, en este sentido, parecida a la hoy vigente en España, que data de 2007. Legislaciones que quedan aún lejos de lo que puede considerarse una norma plenamente despatologizadora, al estilo de las que otros países de América Latina, como la vecina Argentina, han adoptado ya. Pero sin duda un paso de gigante respecto a la situación previa por el que felicitamos al activismo boliviano.