La administración Obama avisa: las escuelas que reciben fondos federales deben respetar la identidad de género de sus estudiantes trans

La batalla por los derechos de las personas transexuales se ha convertido en la nueva batalla por los derechos civiles en Estados Unidos. Tras el rotundo posicionamiento, hace unos días, de la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que anunciaba la presentación de una demanda federal contra el estado de Carolina del Norte por su reciente ley anti-LGTB que entre otras cosas prohíbe a las personas trans usar los baños públicos que corresponden a su identidad de género, el Departamento de Educación de los Estados Unidos acaba de emitir una importante directiva que recuerda a los centros educativos que reciben financiación federal que deben permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La administración Obama ha decidido plantar cara, con las armas con las que cuenta, a los potentes sectores tránsfobos. 

La directiva, enviada este viernes por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país, recuerda que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Más recientemente, en abril de este año, un fallo de la Corte federal de Apelaciones de 4ª Circuito (con sede en Richmond, Virginia, y con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) determinó que efectivamente existió una violación de la legislación federal en el caso de un chico transexual de Gloucester (Virginia), al que su instituto obligó a usar un baño separado de los que usan el resto de estudiantes. Aunque el caso se encuentra aún en los tribunales, esta primera decisión favorable de una Corte federal fue muy bien recibida por las organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

Junto a la directiva, el Departamento de Educación también ha emitido otro documento más amplio que orienta a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Carolina del Norte, escenario de la batalla

A lo que estamos asistiendo, como hemos venido informando en anteriores entradas, es al recrudecimiento de la guerra en torno a los derechos civiles de las personas LGTB en los Estados Unidos después de la derrota que las fuerzas homófobas y tránsfobas sufrieron a manos del Tribunal Supremo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. La ley de Carolina del Norte, en este sentido, puede considerarse la primera gran victoria de estas fuerzas. Se trata, posiblemente, de la más regresiva de las aprobadas en Estados Unidos contra las personas LGTB. El texto prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes, como la que ya había sido aprobada en Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que pudieran utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que tomó como excusa para aprobar la ley con carácter de urgencia. El esquema que siguieron los contrarios a la igualdad LGTB fue el mismo que hace unos meses ya ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa, enarbolando el mito del “depredador sexual de niñas disfrazado de mujer”. En ambas cámaras de la legislatura de Carolina del Norte, controladas por los republicanos, el resultado fue abrumadoramente mayoritario. El texto fue luego promulgado por el gobernador republicano Pat McCrory, que hizo oídos sordos a las peticiones para que lo vetara (como han hecho por ejemplo sus colegas de otros estados como Georgia, Indiana o Dakota del Sur con leyes parecidas, influidos sin duda por la amenaza de graves pérdidas económicas si se terminaban promulgando).

En Carolina del Norte, sin embargo, y pese a que la ley ha encontrado una fuerte contestación social y puede suponer la pérdida de importantes inversiones económicas, el gobernador McCrory ha decidido convertirla en el eje de su campaña para la reelección el próximo noviembre, confiado en que le reportará el apoyo masivo de los electores conservadores. Y ello pese a que no todos sus compañeros del Partido Republicano parecen entusiasmados con la ley. Es el caso del ya seguro candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que hace pocas semanas mostraba abiertamente su desacuerdo con una norma que consideró innecesaria.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Par McCrory apuesta fuerte por convertir este tema en uno de los más importantes de la campaña electoral, convencido de que «el pánico transexual en los baños» es una carta ganadora para los republicanos. El gobernador, al que la administración federal exigió que paralizara la aplicación de la ley, no ha dudado en acudir a los tribunales. La reacción de la administración Obama no se ha hecho esperar: la fiscal general Loretta Lynch, ella misma natural de Carolina del Norte, anunciaba hace unos días la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles (Hace pocos días nos referíamos con detalle a este discurso).

La batalla acaba de comenzar, y es de largo recorrido.