Los mossos responsables de la muerte de Juan Andrés Benítez eludirán la cárcel

Dos años y medio después de la muerte de Juan Andrés Benítez, los seis agentes de los Mossos d’Esquadra que la causaron han sido condenados a dos años de cárcel. No la pisarán. El acuerdo alcanzado entre acusaciones y acusados, por el que estos se declaran culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral, les permitirá evitar la prisión. Un acuerdo que ha sido recibido con desagrado por los amigos de Juan Andrés, que consideran que consagra la impunidad policial.

Lo sucedido con Juan Andrés Benítez sigue produciendo estupor y rabia, dos años y medio después. Su muerte, ocurrida en octubre de 2013, supuso un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez, recordemos, fue brutalmente reducido después de verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Fue cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) cuando Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez acabó por sufrir una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que Benítez tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Aunque los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la violencia policial que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y defendía que fue preciso reducir al empresario al oponerse este con “gran resistencia” a su detención, añadiendo que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron lo sucedido ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Un acuerdo que evita el juicio con jurado

El acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensar permite a los seis mossos evitar la cárcel, gracias a que la condena queda limitada a dos años. Los agentes quedan además suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Deberán asistir también a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes, finalmente, se les ha impuesto tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Habrá además una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima que correrá a cargo de la Generalitat, como responsable subsidiaria. Todo apunta, según explicaba hace pocos días el diario El País, a que la ACDH ha optado por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes.

Un acuerdo que sin embargo no ha gustado nada a los amigos de Benítez, que sienten que los causantes de su muerte quedan en realidad impunes, y que seguirán luchando por su memoria pese a que la vía judicial llegue a su fin. «Las imágenes de los mossos matando a Juan Andrés no se olvidarán jamás», declaraba a eldiario.es su amigo Gerardo Ariza. Por su parte, los diputados de la CUP en el Parlamento catalán han exigido al director general de Policía de la Generalitat que reabra el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido y expulse a los condenados del cuerpo.