El Gobierno de Mariano Rajoy amaga con recurrir la ley madrileña de transexualidad al Tribunal Constitucional

Nuevamente el Gobierno de Mariano Rajoy maniobra contra los derechos LGTB, y nuevamente lo justifica con argumentos técnicos. De la misma forma que ya hiciera con la ley andaluza, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que dos artículos de la nueva ley madrileña sobre transexualidad (aprobada por PSOE, Podemos y Ciudadanos y que contó con la abstención del PP) exceden las competencias de la Comunidad de Madrid. Se abre ahora un proceso que si el Gobierno se empecina podría acabar ante el Tribunal Constitucional.

Los artículos por los cuales el Gobierno central cree invadidas sus competencias serían el  7 y el 48. El artículo 7 (puedes descargar aquí la ley, si deseas conocerlo entero), referido a la documentación administrativa, establece claramente que las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, «en el ámbito de sus competencias», deberán adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que en todos y cada uno de los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género. Para ello, la Comunidad de Madrid proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones correspondientes.

El artículo 48, por su parte, se refiere a la inversión de la carga de la prueba: en el ámbito autonómico, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables de haber sufrido discriminación por razón de identidad o expresión de género, corresponde al presunto discriminador aportar las pruebas de que dicha discriminación no ha sucedido.

Se trata, conviene destacarlo, de dos elementos que ya están presentes en diversas leyes aprobadas por otras comunidades autónomas (en algunos casos con el voto favorable del propio PP, como sucedió por ejemplo con la ley andaluza de transexualidad o con la ley extremeña contra la discriminación de las personas LGTBI), y que en todo momento se limitan al ámbito competencial autonómico.

El Gobierno de Rajoy ya ensayó la misma jugada en Andalucía

Se da la circunstancia de que ya en Andalucía, y pese a que la ley integral de transexualidad se aprobó allí con unanimidad de todos los partidos (incluido el PP), el Gobierno central ensayó la misma jugada, forzando a la Junta a poner en marcha un grupo de trabajo conjunto que «propusiera soluciones» a sus reticencias sobre varios artículos básicos de la ley, que regulaban aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa, el reconocimiento del derecho de los menores a utilizar libremente el nombre que eligiesen o la inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias de los tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas trans para adecuarlos a su identidad. De no llegarse a un acuerdo, la norma sería recurrida ante el Tribunal Constitucional en un plazo de nueve meses.

Aquello fue en noviembre de 2014, y finalmente todo quedó en agua de borrajas. La ley andaluza de transexualidad sigue vigente en su integridad, y aunque a menos velocidad de la que sin duda sería deseable ha ido desplegando su armazón normativo.

Todo apunta a que en Madrid acabará sucediendo lo mismo. De hecho, desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid ya se anuncia la creación de una comisión mixta que despeje lo que considera es simplemente un error de interpretación.

Antonelli: «están perdiendo el tiempo»

Para la diputada socialista en la Asamblea de Madrid y activista LGTB Carla Antonelli la maniobra del Gobierno de Mariano Rajoy quedará en nada. Antonelli, que ha recordado lo sucedido en Andalucía («parece que el Gobierno no tiene antecedentes de sus propios trámites», ha declarado), cree que «o no se enteran de que son procesos fallidos o es una cortina de humo para desviar la atención».

Antonelli espera ver ahora cual es el comportamiento de la presidenta regional, Cristina Cifuentes. La diputada socialista, de hecho, no vería extraño que Cifuentes quiera apuntarse sin coste alguno un tanto y «quiera convertirse en salvadora de algo que ya está salvado». Y con el hashtag #LeyNoSeMueveUnaComa le recordaba en Twitter a ella y a su consejero de Presidencia, Ángel Garrido, que lo que ahora pretende el Gobierno de Rajoy ya lo intentó antes en Andalucía:

Recuerdo a @ccifuentes y @angelgarridog q puntos q se alegan Ley Trans ya fracasó en Andalucía y otros en vigor d+ Cm #LeyNoSeMueveUnaComa

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 26 de julio de 2016

Beatriz Gimeno: «el PP rezuma transfobia»

Las críticas al Gobierno de Mariano Rajoy también han llegado de parte de Podemos, otro de los partidos que dieron su voto afirmativo a la ley. Su diputada ¡en la Asamblea de Madrid y también activista LGTB Beatriz Gimeno cree que si la ley llega finalmente a ser impugnada ante el Tribunal Constitucional significará que el PP vuelve a plegarse a los intereses de su sector ultraconservador.

En su perfil de Twitter, Gimeno se mostraba aún más rotunda. «El PP rezuma transfobia», aseguraba, con el hashtag #LaLeyTransSeQueda:

El @PPopular pretende recurrir la ley trans de la CdM al TC como hizo con ley de matrimonio. El Pp rezuma transfobia #LaLeyTransSeQueda

— Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) 26 de julio de 2016

Eva Borox: «luego se sorprenden de que les veten en el Orgullo»

Por su parte, la que como diputada de Ciudadanos (ahora dimitida) fuera principal impulsora de la participación de su grupo en el proceso de elaboración de la ley, Eva Borox, no ha dudado en expresar en su perfil de Twitter su sorpresa. «El PP anuncia recurso de inconstitucionalidad de Ley Trans por dos artículos vigentes en Andalucía. Luego se sorprende de que les veten en el Orgullo», tuiteaba Borox:

PP anuncia recurso de inconstitucionalidad de Ley Trans x 2 artículos vigentes en Andalucía
Luego se sorprende de q les veten en el orgullo!

— Eva Borox (@EvaBorox) 26 de julio de 2016