El Tribunal Constitucional de Rumanía avala la convocatoria de un referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que «La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos». Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. «Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa», ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.