La Asamblea de Madrid aprueba, con la ausencia de dos diputados del PP, una histórica ley contra la discriminación por LGTBfobia
Día histórico para el colectivo LGTB madrileño este 14 de julio de 2016. Los cuatro grupos políticos de la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han aprobado por unanimidad la denominada «Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid». Una norma, en definitiva, contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género y contra la LGTBfobia, que coloca a Madrid entre las comunidades que ya han aprobado iniciativas similares.
Formalmente, la nueva ley ha sido impulsada por el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, pero a nadie se le oculta que el hecho de que el Partido Popular no disponga de mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid es el que ha permitido que los grupos de la oposición hayan podido enriquecer el texto durante la tramitación parlamentaria de acuerdo a las reivindicaciones de los colectivos LGTB. El pasado mayo, la Comisión de Políticas Sociales y Familia aprobaba el correspondiente dictamen, que incorporaba hasta 138 enmiendas gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos (el PP prefirió entonces abstenerse). Pero no ha sido hasta hoy, casi dos meses después, que el pleno la ha votado, contando, en esta ocasión sí, con el voto favorable del grupo popular.
El texto de la ley, de este modo, incorpora plenamente las demandas de los colectivos LGTB, como ha sucedido ya en otras comunidades en las que el PP no gobernaba o lo hacía sin mayoría absoluta, como Cataluña o Extremadura y más recientemente Baleares y Murcia. La única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares ha sido la de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.
La ley madrileña, en este sentido, sí incluye un capítulo sancionador y contempla medidas como la inversión de la carga de la prueba (debe ser el acusado de conducta discriminatoria el que demuestre su inocencia) o la creación de un Consejo LGTBI que permita la participación de los colectivos en las políticas públicas referidas a esta materia, así como de un Centro de Documentación y Memoria Histórica LGTBI. También obliga a los centros educativos, y ello es especialmente importante, a abordar en las aulas la diversidad sexual y de género, e incluye medidas en ámbitos tan importantes como el sanitario, el laboral.
Por lo que se refiere al capítulo sancionador, las multas podrán llegar, en los casos muy graves, hasta los 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un período de hasta tres años, la inhabilitación temporal por un periodo de hasta tres años para ser titular de centros o servicios dedicados a las prestación de servicios públicos e incluso la prohibición de contratar, también por por un periodo de hasta tres años, con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos.
En espera de que el texto de la ley sea publicado oficialmente, puedes acceder a él en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del pasado 2 de junio, donde fue publicado tal y como fue aprobado en Comisión (páginas 6.990 a 7.026).
Dos históricas activistas LGTB en la tribuna
Se da la circunstancia, en este caso, de que dos de las diputadas intervinientes en el Pleno que ha aprobado la ley, representando a PSOE y Podemos, son además históricas activistas LGTB: Carla Antonelli y Beatriz Gimeno. Insertamos a continuación sus dos intervenciones, especialmente cargadas de emoción, que os invitamos a disfrutar:
Dos diputados populares se ausentan para no votar la ley
La histórica votación ha quedado mínimamente empañada por la ausencia de dos diputados del PP, Luis Peral y David Pérez. Luis Peral, de hecho, no disimula sus posiciones contrarias a la igualdad LGTB. En esta misma página recogimos, por ejemplo, su asistencia a la ya extinta «misa de las familias», el evento contra los modelos familiares distintos al tradicional promovía cada mes de diciembre el anterior arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela.
Por lo que se refiere a David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón, hace solo un par de semanas protagonizaba otro triste episodio de homofobia al negarse a izar la bandera arcoíris en el Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTB pese al requerimiento de toda la oposición.
Los dos diputados «díscolos» deberán abonar a su grupo una multa de 300 euros.
Ahora, a por leyes estatales
Con independencia de que otras comunidades autónomas sigan extendiendo derechos, lo que pone de manifiesto lo sucedido en Madrid es que a día de hoy se dan las condiciones para que se produzcan por fin avances a nivel estatal, después de la parálisis de los últimos cuatro años y medio de gobierno popular.
Lo decíamos después de las últimas elecciones: gobierne quien gobierne, la composición del Congreso de los Diputados, con un PP lejos de la mayoría absoluta (y muy especialmente teniendo en cuenta que la sensibilidad hacia la realidad LGTB de sus dirigentes nacionales dista mucho de la de Cristina Cifuentes), permite aprobar con comodidad varias iniciativas fundamentales en las que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían coincidir: una nueva ley de identidad de género desprovista de anacronismos (sin enfoque patologizante y que incluya a los menores trans), una ley de igualdad de trato y no discriminación, un compromiso contra el VIH y medidas educativas contra la LGTBfobia.